El juez Juan Carlos Peinado lleva investigando durante siete meses a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por acusaciones graves que incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y intrusismo profesional. Esta investigación ha desatado una serie de reacciones y controversias que están generando un gran revuelo tanto en la política como en el ámbito judicial.

A finales de agosto, Peinado autorizó un registro en la vivienda de Juan Carlos Barrabés, quien, cabe mencionar, dio clases en un máster junto a Gómez en la Universidad Complutense. Sorprendentemente, este empresario ha ganado múltiples concursos públicos de Red.es, utilizando 34 cartas de apoyo de diferentes instituciones, una de ellas firmada por Gómez en calidad de co-directora de una cátedra de dicha universidad.

A pesar de que la UCO de la Guardia Civil entregó informes concluyentes afirmando que no había irregularidades en los contratos adjudicados a Barrabés, el juez decidió imputarlo y llevó a cabo un registro exhaustivo en las empresas de Barrabés, así como en su hogar y en el hospital donde se encontraba ingresado. El abogado del empresario, junto con el fiscal San Baldomero, ha denunciado esta actuación, tildándola de "ilógica, arbitraria, injusta, infundada e inconstitucional". Solicitan la nulidad del auto que ordena el registro, argumentando que carece de fundamentos sólidos y se basa en juicios de inferencia sin un respaldo objetivo.

El abogado argumenta que el juez no presentó motivos suficientes para justificar la invasión del domicilio, un derecho fundamental protegido por la Constitución. Según la defensa, los elementos que el juez utilizó para validar su decisión son en realidad meras suposiciones sin base concreta.Para agravar la situación, el abogado también denuncia la falta de respeto hacia la intimidad de su cliente, indicando que la Guardia Civil llegó hasta el hospital donde Barrabés estaba hospitalizado, incautando dispositivos electrónicos, lo que le dejó sin ninguna posibilidad de comunicación con el exterior.

Los registros, que se extendieron por tres días, se llevaron a cabo sin un claro objetivo, lo que permitió la incautación de grandes volúmenes de información, incluidos correos electrónicos de Barrabés y de otras personas que no estaban bajo investigación. Este hecho ha sido calificado por la defensa como una grave violación del derecho a la intimidad y protección de datos.

La situación se torna aún más inquietante al revelarse que incluso se revisaron dispositivos de los hijos menores de edad de Barrabés, así como los de su esposa. La defensa ha expresado su repudio ante lo que considera un atropello grave a los derechos de su cliente y su familia, dejando abierta la pregunta sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta intromisión judicial. Este caso no solo pone en entredicho la actuación del juez Peinado, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad del sistema judicial español.