La Casa de la Provincia de la Diputación ha sido el escenario de una jornada técnica crucial sobre Ciberseguridad en las Administraciones Públicas, centrándose en las nuevas regulaciones para proteger las transacciones económicas. Este evento, llevado a cabo el jueves, fue organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Informática (ETSII) de la UNED, en colaboración con la Diputación, y se ha enfocado en el Reglamento DORA, que entrará en vigor el 17 de enero de 2025, y la Directiva NIS 2, que actualmente se encuentra en proceso de adaptación a la legislación española. Esta última, una vez aprobada por las Cortes, se convertirá en la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Seguridad, afectando tanto a administraciones como a empresas que ofrezcan servicios públicos.

Durante este evento, expertos de distintas administraciones, incluyendo la Diputación de Sevilla, compartieron su visión sobre la ciberseguridad en la esfera pública. El tesorero general de la institución, José Manuel Farfán, destacó que la Diputación de Sevilla es la pionera entre las administraciones locales en la implementación de medidas preventivas contra la suplantación de identidad a través de un sistema exclusivo que ha estado operando eficazmente durante los últimos seis meses. Farfán resaltó la necesidad imperativa de inversión en ciberseguridad para mitigar los riesgos inherentes a las nuevas tecnologías y procedimientos administrativos.

En otro punto interesante, Carmen Rodríguez Quirós, gerente de la sociedad de informática provincial (INPRO), anunció la reciente adhesión de la Diputación al Centro de Operaciones de Ciberseguridad para las Administraciones Locales (COCS-EELL), un paso estratégico que fortalecerá la coordinación en la defensa cibernética de las entidades locales con menos de 50,000 habitantes. Este programa, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital, busca asegurar un marco de colaboración robusto entre las diputaciones provinciales y el COCS.

Rodríguez Quirós también participó en el panel titulado 'Estrategias de ciberseguridad en la administración pública', donde compartió escenario con Eloy Sanz, del servicio de ciberseguridad de la Agencia Digitalizadora Andalucía, y Javier Fernández-Sanguno, responsable de la Unidad de Ciberseguridad del Banco de España. Rodríguez Quirós expuso que la Diputación ha estado centralizando sus servicios a través de la Red Tarsis, una red interadministrativa privada que incluye tecnologías de seguridad avanzadas. Esta infraestructura asegura la conectividad entre las administraciones locales, permitiendo un acceso seguro y eficiente a sistemas de información, aplicaciones y servicios proporcionados desde el CPD de la Diputación.

La Diputación también cuenta con un robusto conjunto de medidas de seguridad que están en constante mejora para garantizar los más altos estándares de protección. Además, Rodríguez Quirós reiteró que la adhesión al COCS-EELL no busca reemplazar las soluciones ya implementadas, sino complementarlas y reforzarlas.

En una mesa dedicada específicamente a 'Ciberseguridad en las Transacciones Financieras', Farfán se unió a Jordi Sánchez, especialista en prevención de fraudes de CaixaBank, para discutir las nuevas normativas en la validación de cuentas y pagos electrónicos, moderados por José Ángel Bernal de la Junta de Andalucía.

Un análisis específico sobre 'Efectos en las Administraciones Públicas del Reglamento DORA y la NIS 2' se llevó a cabo, con la participación de destacados expertos en ciberseguridad. Durante la jornada, se discutieron cifras alarmantes de amenazas cibernéticas, incluyendo fraudes digitales, ataques de phishing, ransomware y los peligros de los ataques MITM (Man-in-the-Middle) en las transacciones electrónicas. La conclusión del encuentro fue clara: la ciberseguridad ya no es una opción, sino una necesidad urgente para la administración pública y sus servicios.