La llegada del invierno y las condiciones climáticas adversas han frustrado por completo el inicio de las deportaciones de migrantes a Albania, impulsadas por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni. En la isla de Lampedusa, ya no están llegando barcos desde el norte de África, y por lo tanto, no hay migrantes que trasladar al centro de internamiento de Gjäder, construido por Italia recientemente. Desde que comenzaron las deportaciones, solo se han realizado dos operativos, con un total de 24 migrantes, de los 6,000 que han arribado a Italia por mar en el último mes y medio. Estos traslados han sido bloqueados por las decisiones de los tribunales italianos, lo que ha llevado a la conclusión de que mantener el centro abierto carece de sentido.

El Ministerio de Interior italiano ha confirmado que el personal encargado de supervisar el centro ha regresado a casa, aunque queda un equipo reducido para labores de asistencia social y sanitaria. Con la llegada de la primavera y la espera de fallos judiciales sobre las dificultades legales que obstaculizan su plan, Meloni deberá redefinir su estrategia. De un lado está el Tribunal de Justicia de la UE, que debe resolver un conflicto entre las normativas italianas y europeas, y del otro el Supremo italiano, que se pronunciará sobre el recurso de Roma el próximo 4 de diciembre.

A pesar de los evidentes desafíos, Meloni ha sido firme en su intento de implementar este controvertido plan, que ella consideraba una de sus principales medidas políticas, tras firmar un acuerdo con Albania en 2023. Inicialmente, se proyectaron deportaciones comenzando en mayo, luego en verano, y finalmente en otoño. Sin embargo, el retraso en la construcción del campo de internamiento significó perder el tiempo crucial de buen clima para los traslados, y el golpe de gracia llegó en forma de una decisión judicial que anulaba el modelo de deportación hacia Albania. Esta situación provocó un enfrentamiento inédito entre el Gobierno y el poder judicial, algo que recuerda a épocas pasadas de conflicto político.

Las críticas hacia el plan también han surgido por el alto costo que implica, alrededor de 180,000 euros diarios. Con el personal desplazado alojado en instalaciones lujosas mientras no hay actividad, la situación ha ganado aún más rechazo. Desde que se realizó la primera deportación el 11 de octubre, el costo ha ascendido a aproximadamente dos millones de euros, lo que resulta en un desproporcionado gasto por migrante que ha sido enviado a Albania.

Una de las razones por las cuales el número de deportaciones ha sido tan bajo se debe a que la mayoría de los migrantes que llegan a Italia no cumplen con los requisitos para ser deportados a Albania. Según el derecho internacional, se pueden enviar solo hombres adultos y sanos que hayan sido rescatados por embarcaciones italianas, dejando fuera a una gran parte de la población migrante que llega, incluyendo mujeres y aquellos en situaciones de vulnerabilidad.

El Tribunal de la UE ha establecido que si en un país existe una zona donde no se respetan los derechos humanos, ese país no puede considerarse seguro. Mientras que el Gobierno de Meloni mantiene una lista de 19 países considerados seguros, la decisión reciente de la UE ha reducido esta lista a solo ocho, excluyendo a naciones como Bangladesh, Egipto y Túnez, de donde proviene la mayoría de la inmigración en Italia.

La situación plantea un misterio inquietante: ¿serán realmente efectivas las medidas que Meloni intenta implementar? ¿O están condenadas a fracasos que solo aumentarán la tensión entre el Gobierno italiano y la ley? Mientras tanto, los migrantes siguen esperando respuestas mientras el conflicto legal se intensifica.