La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido ante la prensa para hablar sobre la primera reunión del comité de expertos que establecerá el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Díaz ha enfatizado dos premisas fundamentales: primero, que con la revalorización del SMI, nadie debería perder poder adquisitivo debido a la inflación; y segundo, el mantenimiento del 60% del salario medio, tal como se señala en la Carta Social Europea.

El ratio de incrementos que propone el equipo varía: el primero sugiere un aumento del 2,55%, basándose en el IPC interanual de enero a octubre, mientras que el segundo, utilizando los datos del INE, indica un posible alza del 4% para evitar que el SMI pierda el tren del 60% del resto de los salarios.

Sin embargo, una importante variable a considerar es la reducción de jornada. Si se permite esta reducción sin afectar los salarios, esto podría resultar en un aumento del SMI por hora trabajada. De esta manera, el efecto de la revalorización podría moderarse, tanto en relación al IPC como del 60% del salario medio.

A pesar de estas proyecciones, la información aún es orientativa y depende del trabajo del grupo de expertos de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo, que incluye académicos, miembros de sindicatos y representantes del Gobierno. Este equipo está compuesto por profesionales de diversas universidades y entidades, quienes aportan una visión plural e independiente.

La ministra ha señalado que la toma de decisiones se basará en la Encuesta de Estructura Salarial del INE, aunque sufre de retrasos en su actualización, con los últimos datos provenientes de 2022. Para tener un análisis más actualizado, los expertos combinarán esta información con la Encuesta Trimestral de Costes Laborales, que incluye datos de este año. Recientemente, los costos laborales por trabajador han aumentado un 4% en el último año, lo cual motiva a los sindicatos a pedir incrementos mayores.

A medida que se avanza con la propuesta, el ministro confía en que una mayoría del Parlamento apoyará la reducción de jornada, aunque algunos partidos business aún se oponen. Un punto importante es que el aumento del SMI no necesita la aprobación del Congreso, lo que acelera su posible implementación.

"Estamos ante un cambio significativo", ha comentado Díaz. Ella ha señalado que el aumento del salario mínimo ha demostrado ser beneficioso, especialmente para jóvenes y mujeres, contribuyendo a disminuir la desigualdad en el país y ayudando al crecimiento de la economía, al sumar más a la ocupación laboral en España. De hecho, el SMI ha aumentado un 54% en los últimos seis años, de 736 euros mensuales en 2018 a 1.134 en 2024.

Aunque las últimas subidas del SMI se acordaron con los sindicatos, el apoyo de la patronal se convierte en un tema crucial ante cualquier nuevo incremento, especialmente porque las pequeñas y medianas empresas (pymes) son las más afectadas. Cepyme, la organización que representa a estas empresas, ha expresado que cualquier aumento en el SMI debería considerar la productividad y la situación actual de las pymes. Según sus declaraciones, estas han sufrido un incremento del 19,5% en costes laborales desde 2019, un hecho que complica sus posibilidades de invertir y crecer en un entorno económico incierto.

Resulta primordial seguir atentamente el desarrollo de esta situación, ya que un aumento del SMI podría tener repercusiones en toda la economía, y cualquier decisión debe buscar un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la viabilidad de las empresas.