En un movimiento sorprendente, el Gobierno ha decidido flexibilizar su propuesta inicial respecto al acceso de los mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, originalmente había planteado restrictivas condiciones que limitaban el acceso solo a aquellos mutualistas que estaban de alta en la Mutualidad antes de 2005, es decir, antes de que el modelo de aportaciones cambiara de capitalización colectiva a individual.

Ahora, se permitirá que todos los mutualistas, de los más de 60,000 que pertenecen a este sistema alternativo, que no cuenten con los 15 años de cotización requerida, puedan acceder al RETA, sin importar cuándo se dieron de alta en el sistema privado.

Otra noticia impactante es que el requisito de vulnerabilidad para obtener el acceso ha sido eliminado. Fuentes del Ministerio indicaron a ABC que esta condición solo permitía que un pequeño grupo de abogados, que cotizan al colegio profesional en lugar de a la Seguridad Social, pudieran beneficiarse. Esas restricciones habían generado un gran descontento entre los afectados que las consideraban sumamente limitativas.

Cabe recordar que inicialmente, el requisito de vulnerabilidad se había pensado como una prueba de renta, vinculada a condiciones ya existentes para acceder a prestaciones del sistema de Seguridad Social, como el ingreso mínimo vital (IMV) o el complemento a pensiones mínimas. Sin embargo, el Gobierno parece inclinarse ahora por un enfoque más inclusivo, aunque aún no hay claridad sobre el modelo de equivalencia que adoptarán.

¿Y qué hay del modelo de equivalencia? Aunque la Administración parece estar optando por un modelo cuantitativo, en el que las cotizaciones se calcularían según las bases mínimas del RETA hasta que se agoten los fondos aportados a la Mutualidad, aún queda por ver qué exigencias se impondrán en términos de los tipos de cotización. Esto incluirá aspectos como contingencias comunes, profesionales, cese de actividad, y formación profesional, que podrían afectar a la cantidad que cada mutualista deberá abonar.

Se introducirá una ventana de seis meses donde los mutualistas alternativos podrán informarse sobre las condiciones necesarias para acceder al sistema público, evaluando el esfuerzo financiero que necesitarán para cumplir con los mínimos de cotización y así poder garantizar sus derechos a una pensión de jubilación.

Un aspecto crucial es que los fondos de los mutualistas que decidan pasar al RETA seguirán en la Mutualidad hasta el momento de su jubilación. Esto significa que se convertirá en una provisión de fondos que se transferirá a la Seguridad Social una vez que el mutualista cese su actividad laboral.

Finalmente, es importante mencionar que el Gobierno ha decidido no incluir una solución de pasarela para los mutualistas pasivos, a pesar de las demandas de aproximadamente 20,000 abogados ya jubilados. Muchos de ellos claman por una medida equivalente a la pasarela al RETA, pero que esté destinada al sistema público de pensiones. Sin duda, este movimiento podría cambiar el panorama para muchos profesionales y sigue siendo un tema a seguir de cerca.