En un giro inesperado de los acontecimientos, el Tribunal Supremo de EE.UU. ha otorgado un respiro a la administración de Donald Trump al congelar temporalmente la reincorporación de miles de funcionarios despedidos. Esta medida se ha tomado en respuesta a un recurso de emergencia presentado por el Departamento de Justicia, manteniendo a estos trabajadores en un limbo administrativo: seguirán recibiendo su salario, pero no podrán volver a sus puestos por el momento.

Lo que parecía ser una resolución rápida se convierte en una espera prolongada, ya que la decisión final sobre este tema podría tardar semanas, o incluso meses. Los funcionarios afectados pertenecen a seis agencias, incluyendo Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesoro, en un proceso de despidos que ha impactado a más de 24,000 empleados desde el regreso de Trump a la presidencia, según estimaciones de múltiples fuentes periodísticas.

A pesar de que el número aún no ha sido confirmado oficialmente, se estima que existen más de tres millones de funcionarios en EE.UU., convirtiendo al gobierno federal en el mayor empleador del país. Los sindicatos y organizaciones sin fines de lucro han comenzado a presentar demandas, alegando irregularidades en el proceso de despido. Uno de los jueces involucrados, William Alsup, afirmó que la Oficina de Gestión de Personal (OPM) y su director interino excedieron su autoridad al llevar a cabo despidos sin una justificación legal adecuada.

Curiosamente, muchos de los empleados despedidos habían recibido evaluaciones laborales positivas poco antes de perder sus trabajos, lo que pone en entredicho la discrecionalidad del presidente para formar su gabinete. "No se puede despedir a un trabajador por 'bajo rendimiento' cuando su expediente laborar refleja lo opuesto", expresó Alsup, un juez nominado por el expresidente demócrata Bill Clinton. Este tipo de fallos ha llevado a la administración de Trump a acusar de 'lawfare' y activismo judicial.

En el mismo tiempo, un tribunal en Maryland dictó un fallo similar; sin embargo, su decisión solo afecta a 19 estados y a Washington D.C., que han demandado colectivamente al Gobierno. Este caso aún está pendiente de resolución.

Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson expresaron su desacuerdo con la mayoría del Tribunal Supremo, sugiriendo que habrían respaldado la decisión del juez Alsup.

Por su parte, el gobierno de Trump, a través del procurador general John Sauer, defiende los despidos como una autoridad legítima de cada agencia, afirmando que todas "han decidido mantener esas terminaciones". Aunque la decisión del Supremo no aborda la esencia del problema, su resultado establece el escenario para lo que puede ser una batalla legal prolongada sobre el grado en que el Ejecutivo puede simplificar la administración federal sin supervisión judicial.

Esta controversia ha desatado una ola de críticas y ha reavivado el debate sobre los poderes del presidente y los derechos laborales de los funcionarios. A medida que se desarrolla esta situación, muchos se preguntan: ¿qué futuro espera a estos empleados despedidos y cómo afectará esto a la imagen de Trump ante el electorado?