Manifestarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez nunca ha sido sencillo. A pesar de que muchos no sean fanáticos del presidente, la precaución persiste: aquellos que crítican al Gobierno desde la izquierda se arriesgan a enfrentarse al silencio y a la desconexión de sus iguales. El dilema es claro: si se queja de la falta de acceso a la vivienda, la alternativa puede ser Ayuso; si se trata de las devoluciones en caliente, estamos hablando de Javier Ortega Smith como Ministro del Interior; y en el ámbito de la política internacional, todo se complica aún más con la amenaza de que, si las cosas empeoran, un Trump podría regresar al poder.

Pedro Sánchez ha optado por una postura de realismo cauteloso, donde los reclamos sociales parecen haber quedado relegados a un segundo plano, como si el tiempo de protestar ya hubiese pasado. El Gobierno se presenta como una entidad que opera dentro de las limitaciones del contexto internacional, sugiriendo que, aunque sea poco, realiza esfuerzos para hacer lo que puede. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por ser una política de mínimos, especialmente en su reacción ante las atrocidades cometidas en Palestina.

A pesar de su historia, donde España no ocupó el mismo rol que Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, el tratamiento del genocidio palestino ha dejado mucho que desear. Aunque el Gobierno ha tomado algunas decisiones con respecto a Israel, como el reconocimiento del Estado palestino, este acto ha sido más simbólico que efectivo. Este reconocimiento, hecho en medio de una campaña electoral, ha tenido poco impacto a la hora de detener la ocupación de Cisjordania o el asedio en Gaza, donde la violencia y el sufrimiento persisten.

Sin embargo, una acción más relevante ha sido la participación de España en un juicio ante la Corte Internacional de Justicia, promovido por Sudáfrica, buscando una mayor justicia en el conflicto palestino. Aunque este paso es significativo, no está del todo claro el nivel de compromiso que el Gobierno está dispuesto a asumir en este proceso, y parece que el enfoque sigue siendo desigual. La falta de comunicación y acción efectiva ha dejado en evidencia no solo la inacción del Gobierno, sino también su aparente compromiso con las relaciones comerciales que incluyen la venta de armas a Israel.

Se ha denunciado que el Gobierno ha continuado comprando armas israelíes por un valor de mil millones de euros, bajo un acuerdo de confidencialidad que aún se mantiene. Este silencio fue evidente en actividades recientes donde no se escuchó una voz contra las atrocidades cometidas por Israel, ni se realizaron llamados al boicot en eventos importantes como los Juegos Olímpicos.

Ante este panorama desalentador, la reciente huelga del 26 de septiembre podría ser una manifestación de la creciente frustración y desesperanza hacia el actual Gobierno. La pregunta no es si esta medida es realista, sino si realmente ha llegado el momento de dejar de esperar soluciones de este Gobierno. Una movilización masiva cierra el paso a la inacción y exige responsabilidad, denunciando la complicidad del Gobierno en un escenario donde la impunidad israelí se extiende.

Es cada vez más necesario que la ciudadanía sienta que su voz se puede elevar frente a la indiferencia del poder, o que al menos se busquen nuevas formas de acción para defender los derechos humanos, mientras se da voz a aquellos en el conflicto que siguen sufriendo. La rabia y la impotencia se acumulan, y el desafío no solo será en las calles, sino también en las urnas, donde un año de masacres podría tener consecuencias significativas.