El gobierno de Donald Trump ha lanzado sanciones contundentes contra Cristina Kirchner y su ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, en respuesta a las serias acusaciones de corrupción que enfrentan en Argentina.

El secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó que ambos tienen prohibido ingresar a Estados Unidos por presuntos abusos de poder y corrupción relacionados con contratos de obras públicas.

Según Rubio, "abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno, resultando en el desvío de millones de dólares del gobierno argentino".

Esta acción busca recuperar la confianza del pueblo argentino y de los inversores en un futuro más transparente para el país.

No solo se ven afectadas las figuras principales, sino que también familiares directos como Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, su hija Florencia, y la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, están dentro del alcance de estas sanciones.

La reacción del actual presidente Javier Milei fue inmediata, compartiendo el anuncio en sus redes sociales con un comentario muy irónico: "Che Cristina", referencia a uno de los eslóganes más conocidos de la ex presidenta en su contexto de crítica a políticas gubernamentales.

La sanción, conforme al Departamento de Estado de EE.UU., subraya su compromiso de exigir la rendición de cuentas de aquellos que abusan del poder público.

"Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en los más altos niveles de gobierno", se menciona en un comunicado oficial.

Esta regulación se aplica bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2024, que establece que el Secretario de Estado debe identificar a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos implicados en actos significativos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos.

Las sanciones se suman a una lista creciente de ex líderes latinoamericanos a quienes se les han impuesto restricciones en la administración del presidente Joe Biden, que incluye a figuras como Horacio Cartés, Ricardo Martinelli, y Rafael Correa, junto a conocidos dictadores de la región.

Cabe recordar que en noviembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, debido a la administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.

Mientras tanto, Julio De Vido fue absuelto de los cargos.

Las implicancias de estas sanciones no solo afectan a Kirchner y De Vido, sino que también podrían tener un impacto profundo en la política argentina y en la percepción internacional de la corrupción en la región.

¿Cómo responderán las autoridades argentinas a estos nuevos desafíos? Manténganse alerta para no perderse las actualizaciones en esta saga de corrupción que sigue resonando en la política global.