El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha sorprendido a muchos al decidir mantener en libertad provisional al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, aunque ha sido condenado a 10 años de cárcel por varios delitos de corrupción, incluyendo prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, todos relacionados con el escandaloso caso Erial.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el tribunal ha optado por no ingresar a Zaplana inmediatamente en prisión, dejándolo a su libre disposición, pero bajo estrictas medidas cautelares.

Las condiciones impuestas incluyen la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado. Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no hay indicios de que Zaplana intente huir del país, ya que ha cumplido con su responsabilidad de comparecer en todas las sesiones del juicio y ha respondido a cada llamamiento judicial.

El tribunal justificó su decisión señalando que 'el riesgo de fuga es inexistente' y que Zaplana posee un arraigo familiar, social y médico en España, lo que reduce la posibilidad de que abandone el país para evadir la justicia. Además, su patrimonio tanto en el extranjero como en España ha sido intervenido, lo que también limita sus recursos económicos para planificar una fuga.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado su ingreso inmediato en prisión debido a la gravedad de los hechos y al miedo a que Zaplana pudiera eludir su condena, considerando que el proceso de apelación podría tardar años en resolverse. En el pasado, fugas de otros condenados por corrupción han alimentado el temor de que situaciones similares pudieran repetirse.

Durante la vista celebrada recientemente, Zaplana expresó que no tiene intención de huir, y su abogado argumentó que su estado de salud y su arraigo familiar lo mantienen en España. Presentaron un informe forense que subraya el grave riesgo que implicaría su internamiento en prisión para su salud, dado que en 2019 ya necesitó ser trasladado al Hospital La Fe de Valencia tras serle bloqueada una suma superior a seis millones de euros, originada por las mordidas recibidas en el escándalo de las ITV valencianas.

Este caso ha dejado a la opinión pública dividida, al cuestionar la eficacia de la justicia frente a los poderosos y generar un debate sobre la impunidad en casos de corrupción.