Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la transferencia de 200 millones de euros a las comunidades autónomas para implementar el tan esperado Bono Alquiler Joven. Esta iniciativa ofrece una ayuda mensual de 250 euros a jóvenes menores de 35 años, con el fin de facilitar su acceso al mercado de alquiler. La decisión, propiciada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se enmarca en un esfuerzo por abordar la crisis habitacional en España, justo tras una masiva manifestación a favor del derecho a la vivienda el pasado domingo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado que esta medida busca evitar que la sociedad se divida entre ricos propietarios y pobres inquilinos: “Si no reaccionamos con contundencia, la sociedad española acabará dividida en dos clases". Sin embargo, esta aprobación ha generado tensiones dentro del Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha expresado su preocupación, afirmando que otorgar dinero a los propietarios no es la solución al problema de vivienda: “No vamos a solventar este problema solo con ayudas”, ha manifestado.

Desde el Ministerio de Vivienda, se estima que estas ayudas podrán beneficiar a aproximadamente 66,000 jóvenes que están luchando por emanciparse en un entorno donde los alquileres son cada vez más inaccesibles. El Bono Alquiler Joven se concede a personas con ingresos mensuales inferiores a 1,800 euros, lo que representa hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Estas ayudas están destinadas a aliviar el coste del alquiler en un período de hasta 2 años, aunque los fondos son limitados y no cubren todas las solicitudes.

Críticas han surgido desde diversas organizaciones que argumentan que este tipo de subsidios puede incrementar aún más los precios de los alquileres, favoreciendo a los mismos propietarios de siempre. Estas voces exigen que la ayuda se complemente con otras medidas, como la regulación de precios y el fomento de la construcción de viviendas asequibles.

La gestión de estos fondos recaerá en las comunidades autónomas, lo que podría crear un escenario de desigualdad en la distribución de las ayudas. En Andalucía, por ejemplo, la Cámara de Cuentas está evaluando la eficacia del gobierno local en la tramitación de estas ayudas, las cuales han excedido el plazo legal para resolverse.

Las comunidades autónomas recibirán las siguientes transferencias: 34.2 millones de euros para Andalucía, 31.8 millones para Madrid, 29 millones para Cataluña, y así sucesivamente. Este plan tiene la intención de empezar a aliviar el peso de la crisis de la vivienda para los jóvenes, pero aún hay mucho debate y ajustes por hacer en su implementación para asegurar su efectividad.