El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado que Google venda Chrome, el navegador más popular del mundo, como parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar lo que consideran un monopolio en las búsquedas en línea.

Esta sorprendente medida fue revelada en un documento judicial presentado recientemente y busca obligar a Google a abandonar su dominio en el mercado de búsquedas. Además, se sugiere que Google debe cesar sus acuerdos con empresas como Apple y Samsung, que garantizan que su motor de búsqueda sea el predeterminado en dispositivos móviles y navegadores.

Esta acción surge después de un fallo del juez Amit Mehta en agosto, que determinó que Google había eliminado ilegalmente a la competencia. Una coalición de estados ha respaldado estas llamadas al cambio, argumentando que la venta de Chrome abriría un mercado que actualmente está restringido, permitiendo que nuevos actores ingresen al sector.

"Restaurar la competencia es esencial. Google ha estrangulado la innovación y la diversidad en el mercado durante demasiado tiempo", afirmaron los abogados del gobierno.

Google ha reaccionado con vehemencia a estas alegaciones, describiendo la propuesta del Departamento de Justicia como "extremadamente exagerada" y argumentando que podría destruir una gama de productos que los usuarios valoran altamente en su vida diaria. Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google, advirtió que estas medidas no solo afectarían a Chrome, sino que también podrían perturbar su ecosistema completo.

Las cifras son contundentes: aproximadamente el 90% de las búsquedas en línea son realizadas a través de Google, según datos de Statcounter, lo que demuestra su dominio en el mercado. La dependencia de Google por su navegador y su sistema operativo Android le permite mover usuarios fácilmente hacia su motor de búsqueda, lo cual es visto como una técnica monopolística por los legisladores.

Otra discusión que ha surgido es la posibilidad de que se le prohíba a Google volver a entrar en el mercado de navegadores durante un periodo de cinco años. También se plantea la necesidad de un control judicial sobre Android para prevenir que Google use su plataforma para favorecer sus propios servicios de búsqueda y publicidad.

La solicitud del Departamento de Justicia tuvo sus orígenes en la administración de Donald Trump, y con su posible regreso a la Casa Blanca, surgen interrogantes sobre cómo esto podría afectar el caso. Expertos legales como Rebecca Allensworth sugieren que aunque sería improbable que el nuevo gobierno desestimara esta demanda, los estados que han participado en el proceso podrían seguir adelante con sus reclamos.

Laura Phillips-Sawyer de la Universidad de Georgia destacó que cualquier cambio regulatorio podría ser crucial para revitalizar la competencia en el dominio de las búsquedas en línea. Explicó que los datos que Google ha acumulado le han dado una ventaja significativa, dificultando que nuevos competidores puedan llegar al mercado.

El futuro del acceso a la información en línea podría estar en juego, y la decisión del juez es valorada como un hecho que podría trastocar las dinámicas actuales en el sector tecnológico. Sin duda, este es un capítulo que atrapará la atención del público y el universo empresarial en los años venideros.