El Gobierno español ha tomado medidas decisivas al condicionar la autorización para que la compañía saudí STC adquiera un 9,9% de Telefónica. Este movimiento tiene como objetivo primordial salvaguardar la nacionalidad y la estabilidad de la emblemática compañía telefónica del país. Junto a esto, el Estado ha entrado en el capital con un 10% a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), lo que refuerza su influencia en la gestión de la empresa.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció en una rueda de prensa que la aprobación del Ejecutivo está sujeta a una serie de condiciones que ya han sido aceptadas por los inversores saudíes. De esta manera, se asegura "la preservación del elemento estratégico y la autonomía operativa de Telefónica, protegiendo los intereses nacionales y resguardando esta infraestructura crítica".

El Gobierno cuenta con un poder de veto debido a la normativa conocida como 'escudo antiopas', que le permite bloquear adquisiciones extranjeras que superen el 10% en empresas consideradas estratégicas o el 5% en sectores de seguridad y defensa. Este marco le permite imponer condiciones a la transacción, lo cual ya se ha aplicado en otras ocasiones, como en el caso de la entrada de fondos australianos en Naturgy o las fusiones en el sector de telecomunicaciones con empresas como Orange y MásMóvil.

Las condiciones que el Gobierno probablemente impondrá son similares a las de transacciones anteriores, incluyendo la preservación del empleo, el mantenimiento de la sede en España y estrategias prudentes en el pago de dividendos. También se asegurará que Telefónica continúe invirtiendo en el país y no sufra sobreendeudamiento. Entre las cláusulas, se mencionará la protección de decisiones que afecten a la seguridad nacional.

Históricamente, el Ejecutivo ha estado vigilando de cerca las inversiones en el sector de telecomunicaciones. Por ejemplo, durante la fusión de Orange y MásMóvil, se exigió un plan industrial ambicioso que incluyera una sólida política de inversión en infraestructuras digitales. En el caso de Vodafone y Zegona, la aprobación de su operación estuvo ligada a garantizar la continuidad del servicio y requería invertir en la cobertura móvil con tecnología 5G.

Este nuevo enfoque del Gobierno implica un incremento de su influencia en Telefónica en dos frentes: estableciendo condiciones que guiarán la estrategia de STC dentro de la compañía y asegurando que el Estado mantenga un rol significativo en la toma de decisiones.

El anuncio de la compra del 9,9% por parte de STC se produjo hace más de un año, en septiembre de 2023, lo que incentivó al Estado a recuperar intereses en Telefónica tras décadas de privatización. Gracias a la SEPI, ahora posee un 10% de la compañía, junto a un 10% de Criteria Caixa y un 4,8% de BBVA, lo que refuerza la 'españolidad' de la empresa. La SEPI ha nombrado a Carlos Ocaña como representante en el consejo, y es posible que proponen un segundo nombre para fortalecer su representación.

Con un rol activo en la toma de decisiones de Telefónica, la SEPI no solo cuenta con voz, sino que también tendrá voto en las juntas de accionistas, posicionándose como uno de los principales stakeholders de la empresa. Estas nuevas condiciones fortalecen aún más su influencia, y como lo manifestó el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, "la estabilidad y el apoyo de nuestros accionistas son una de nuestras mayores fortalezas, reflejando la confianza en la estrategia de la compañía".