El Gobierno español ha decidido tomar una medida drástica al multar con 179 millones de euros a varias aerolíneas de bajo coste, tras descubrir prácticas abusivas relacionadas con cargos por el equipaje de mano y otros extras. Esta sanción ha surgido luego de que en agosto de 2023, el Ministerio de Consumo iniciara un expediente a estas compañías, acusándolas no solo de cobrar por el equipaje de mano, sino también de imponer un coste adicional por reserva de asientos contiguos para menores y personas dependientes. Además, las aerolíneas no permitían el pago en efectivo en los aeropuertos españoles, y aplicaban tarifas desproporcionadas por la impresión de tarjetas de embarque. También se señalaron engaños en la información de precios publicada en sus páginas web.

Ryanair, la aerolínea irlandesa, ha sido la más golpeada por esta decisión, asumiendo un total de 107 millones de euros de la multa, alrededor del 60% del total. Otras compañías como Vueling, Easyjet y Norwegian se llevan multas de 39, 29 y 1,6 millones, respectivamente. Este hecho marca un hito, ya que es la primera vez que se aplican sanciones considerables de esta índole por parte del Gobierno en el sector de consumo, lo que pone de relieve la vigilancia creciente sobre las políticas de precios en la industria aérea.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha defendido que se han identificado infracciones muy graves contra la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, lo que justifica la severidad de las sanciones. A pesar de que las aerolíneas afectadas han criticado esta decisión, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha calificado la medida como insensata y ha prometido recurrir ante la jurisdicción correspondiente, argumentando que sus prácticas son legales según las regulaciones europeas.

Ante este panorama, las aerolíneas han declarado que no cambiarán sus políticas de equipaje hasta que se produzcan avances judiciales, lo que deja en el aire no solo la rentabilidad de sus modelos de negocio, sino también la satisfacción del consumidor en un mercado donde los precios se mantienen competitivos. Este caso podría abrir una nueva batalla legal sobre la regulación y protección de los derechos de los pasajeros en toda Europa. Sin duda, esta situación está lejos de resolverse y podría marcar un precedente en la regulación de las aerolíneas 'low cost'.