En un intento por avanzar en la reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno español ha hecho una polémica propuesta al Partido Popular (PP) para repartir a los menores migrantes no acompañados según la población de cada comunidad autónoma. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha sido la portadora de esta oferta en una reunión reciente con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Fuentes cercanas a la negociación han indicado que Rego está dispuesta a discutir este enfoque siempre y cuando las propuestas respeten los derechos de la infancia. Esta reunión se celebró el 30 de septiembre, y también asistió el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien reafirmó la importancia de abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva de protección a los menores.

El contexto de esta negociación es crítico; Clavijo se reunió con representantes de ACNUR y UNICEF en Ginebra para buscar estrategias que ayuden a gestionar la creciente presión migratoria en las Islas Canarias, que actualmente enfrenta uno de los mayores desafíos migratorios de Europa. Torres ha enfatizado que el Gobierno está comprometido a trabajar de la mano con Canarias, haciendo hincapié en la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones para abordar estas cuestiones de manera efectiva.

Sin embargo, las diferencias políticas están en el aire. La dirección nacional del PP ha expresado que ve "lejos" la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Argumentan que ya tienen un pacto con el presidente canario que representa a 14 comunidades autónomas y han decidido mantener en secreto la naturaleza de sus contactos. ¿Logrará el Gobierno superar las divergencias con el PP para alcanzar una solución que beneficie a los menores migrantes? La tensión se siente y el futuro de muchos jóvenes está en juego.

Es preciso recordar que la situación de los menores migrantes no acompañados en España ha sido un tema candente en los últimos años, con una creciente preocupación pública sobre sus condiciones de vida y protección. La presión sobre el Gobierno para que actúe rápidamente es más fuerte que nunca. ¡Estén atentos a más actualizaciones sobre esta importante negociación!