Un cambio radical se avecina en el sistema educativo español. A partir de mayo de 2025, un nuevo decreto del gobierno establece que al menos el 50% del personal docente e investigador en las universidades debe ser doctor. Este requisito se aplicará a todos los niveles académicos, desde Grados hasta Másteres. Lo más sorprendente es que esta norma afectará tanto a profesores permanentes como temporales, independientemente de si trabajan a tiempo completo o parcial. Sin embargo, es importante señalar que los docentes asociados en Ciencias de la Salud no serán contabilizados dentro de este porcentaje.

Además de este drástico aumento en los requisitos del profesorado, la norma también introduce condiciones más estrictas para la apertura de nuevas universidades. Por ejemplo, las instituciones deberán contar con un mínimo de 4.500 estudiantes en sus primeros cinco años de operación, proporcionar un aval bancario, ofrecer al menos un 10% de plazas de alojamiento, y destinar por lo menos un 2% de su presupuesto a la investigación. Todo esto estará sujeto a la aprobación de un informe vinculante de la ANECA.

En un intento por equilibrar la matrícula, el decreto indica que después de cinco años de actividad académica, el alumnado de Grado deberá representar al menos el 50% de los estudiantes matriculados en programas oficiales. Además, para promover la internacionalización, las universidades con más del 50% de estudiantes extranjeros en sus programas de máster deberán asegurarse de que el 35% de los alumnos matriculados en Grado provengan de la misma categoría.

Estos cambios reflejan un esfuerzo por elevar la calidad educativa en un panorama académico en constante evolución, y están diseñados no solo para aumentar la competencia entre universidades, sino también para garantizar una enseñanza más sólida y confiable. Sin duda, este decreto tiene el potencial de transformar el paisaje educativo en España, pero ¿será suficiente para atraer talento y mejorar la calidad de la educación? Los próximos meses serán cruciales para observar cómo estas reformas se implementan y qué impacto real tendrán en estudiantes y profesores.