Un duro golpe para los inquilinos de Madrid

Las 40 familias afectadas por la venta de vivienda pública al fondo buitre Blackstone reciben un nuevo y contundente revés. El Tribunal Supremo ha decidido en contra de estas familias que habitaban en pisos vendidos por el Ayuntamiento de Madrid, durante la dirección de Ana Botella, en 2013. Estas familias habían exigido el derecho de retracto, buscando adquirir las viviendas que ocupan por el mismo precio de saldo, poco más de 50,000 euros.

Sentencias contradictorias en el camino

Aunque en 2021 una sentencia de la Audiencia Provincial había fallado a favor de las familias, el fondo buitre Blackstone apeló. Esta vez, el Alto Tribunal les ha dado la razón, argumentando que las propiedades fueron vendidas en bloque. El gabinete técnico de la Sala Primera calificó este caso como uno de los pocos en los que se justifica la exclusión de los derechos de adquisición preferente establecidos en sus contratos.

Derechos de adquisición preferente: ¿quién gana?

No es la primera vez que el Supremo aborda el derecho de retracto relacionado con la venta de cerca de 2,000 viviendas públicas en Madrid. En una sentencia anterior, cuatro inquilinas habían ganado, al demostrar que se cumplían los requisitos legales para obligar a la empresa Fidere (anteriormente Blackstone) a ofrecerles la venta al precio de compra. En ese caso, el bloque no se había vendido completamente, dejando varias viviendas y plazas de aparcamiento sin enajenar.

El fallo que desata la controversia

Sin embargo, en esta nueva resolución, el Supremo sostiene que la EMVS sí vendió todas las viviendas y plazas de aparcamiento de ese bloque a Fidere. "Comprendía todas las unidades de las que la Empresa Municipal de Viviendas era titular en cada edificio al tiempo de la transmisión", explica el tribunal.

¿Perspectivas a futuro?

El tribunal también ha dejado claro que la venta de más de 1,800 euros realizada por el ayuntamiento no se puede analizar de manera aislada. "Que esa venta forme parte de otra operación más amplia es irrelevante a estos efectos, al no estar impedido por la ley", concluye.

Las 40 familias quedan, por lo tanto, despojadas de su derecho a comprar sus hogares a un precio accesible, lo que genera enorme preocupación por el futuro de la vivienda pública en Madrid.