Este martes, el pleno del Tribunal Constitucional ha tomado una decisión sin precedentes y ha suspendido por unanimidad varios apartados del protocolo de atención a los menores migrantes que llegan en pateras y cayucos, un plan que había sido aprobado por el Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria y PP. Este protocolo ya se encontraba en suspenso debido a una orden anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Según fuentes del Tribunal Constitucional, esta resolución se ha tomado tras validar el recurso presentado por el Gobierno central, que alega que el acuerdo de Canarias podría estar violando derechos fundamentales, además de interferir en competencias autonómicas en relación a la inmigración y la asistencia a menores no acompañados. En su decisión, el Tribunal invocó el artículo 161.2 de la Constitución, suspendiendo la aplicabilidad de los apartados segundo, tercero y sexto desde el 26 de septiembre de 2024, fecha en la que se interpuso el recurso.

Los apartados suspendidos han sido objeto de preocupación por su posible implicación en delitos de abandono, y añadían trámites burocráticos que sólo dilataban el tiempo de atención a los niños recién llegados en situaciones de vulnerabilidad. El apartado dos estipula que ‘el menor no acompañado debe ser oído sobre su ubicación y tener el derecho a una resolución administrativa individualizada, con la intervención del Ministerio Fiscal para salvaguardar sus derechos’. Esto, según los expertos, podría resultar contraproducente en situaciones críticas donde la inmediatez es clave.

El artículo tercero complica aún más la situación, ya que establece que antes de ubicar al menor en un centro, se requiere una serie de trámites de identificación y documentación que podrían tardar mucho tiempo. Esta intervención se complica si hay que hacerlo en presencia de un intérprete. Esta burocracia ha sido criticada por poner en riesgo la seguridad de los menores, quienes, al llegar solos, enfrentan inminentes amenazas.

Además, el sexto apartado, el más extenso de todos, estipula que antes de que los menores sean entregados a los recursos de la comunidad autónoma, es necesario que cuenten con una documentación individualizada adecuada. Esto incluye detalles sobre su identidad y las condiciones en que fueron encontrados, un protocolo que puede resultar excesivamente burocrático en situaciones donde la acción inmediata puede ser crucial para garantizar su bienestar.

La Fiscalía Superior de Canarias había advertido previamente al Gobierno canario que este protocolo podría resultar en la ‘ausencia de atención inmediata’ para los niños y adolescentes en situación de desamparo, señalando que su aplicación podía generar un delito de abandono. En su informe, la fiscal María Farnés subrayó que los menores extranjeros no acompañados siempre están en riesgo de ser víctimas de circunstancias desfavorables, y enfatizó la urgencia de actuar sin retrasos innecesarios.

''¿Por qué poner en riesgo la vida de un niño migrante al someterlo a trámites que no están contemplados en la ley?'' se preguntó la fiscal, añadiendo que la aplicación de este protocolo podía resultar en la prolongación de la estancia de estos menores en centros policiales, en lugar de trasladarlos a lugares seguros donde recibir asistencia adecuada.

La decisión del Tribunal Constitucional enfatiza la importancia de proteger los derechos de los menores migrantes y resalta la necesidad de un enfoque más humano y urgente en su asistencia. Sin lugar a dudas, la situación de los menores migrantes en Canarias exige una revisión integral y un compromiso real por parte de las autoridades.