La decisión de la juez en el caso de la DANA

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Catarroja ha sorprendido a todos al rechazar nuevamente citar a declarar a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, como investigada en la gestión del desastre ocurrido el 29 de octubre.

Este rechazo se basa en consideraciones legales que apuntan que el Consell es el organismo competente en materia de protección civil en la región, lo que implica que cualquier responsabilidad recaería más en el ámbito autonómico que en el estatal.

Un enredo legal y testimonios clave

Bernabé, que ya compareció como testigo el 14 de abril, se vio inmersa en un maratón de casi siete horas de declaración. A pesar de las solicitudes de diversas acusaciones populares para profundizar en las grabaciones de los vehículos que acudieron al Centro de Coordinación de Emergencias, la jueza desestimó dichas peticiones.

Además, se han acumulado varias denuncias y diligencias de otros tribunales que se han desplazado al juzgado de Catarroja, evidenciando la magnitud y complejidad de este caso.

Una burbuja aislada y decisiones tardías

En un giro asombroso, la jueza calificó al Cecopi como una "burbuja aislada del exterior". Durante la reunión crucial, según su análisis, aquellos presentes parecen haber estado completamente desconectados de la realidad, retrasando decisiones importantes mientras los ríos se desbordaban.

"Las llamadas de auxilio no cruzaban el umbral" de la sala, subrayó, enfatizando que faltó una respuesta adecuada por parte de la Administración, quien no logró alertar a la población a tiempo.

Responsabilidad y pasividad administrativa

La jueza sostiene que trasladar la responsabilidad al Gobierno central por no declarar la emergencia nacional es un reconocimiento de la inacción de la Administración Autonómica. "Resulta evidente que hubo una pasividad notable de parte del Gobierno de Mazón," señala, resaltando que la incapacidad para actuar ante una situación de tal magnitud fue alarmante.

Con un total de 250 declaraciones testimoniales recogidas, la investigación sigue revelando la tragedia y la frustración de un sistema que falló en uno de sus momentos más críticos. Hoy, la justicia busca respuestas a un desastre que dejó profundas huellas en la región.