La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), parte de la Agencia Tributaria que se especializa en la detección de fraudes, ha desatado una ola de investigaciones en torno a lo que se ha denominado la ‘mafia del diésel’. Este entramado de fraude se estima que ha defraudado la friolera de 1.900 millones de euros, operando en España durante más de 13 meses, según la Cadena SER.

El fraude se centra en la venta de combustibles, principalmente diésel, cuya nacionalidad ha sido alterada. En lugar de ser diésel refinado en Marruecos o Turquía, como se pretendía hacer creer, el carburante procede en realidad de países con severas restricciones de exportación como Siria, Rusia e Irán. Esta manipulación permite a los involucrados vender el diésel a precios notablemente más bajos que los del mercado legal, con diferencias que oscilan entre 40 y 60 céntimos por litro.

La investigación revela la existencia de lo que se conocen como “operadores fantasma”, entidades que aparecen y desaparecen en lapsos cortos, lo que dificulta su seguimiento. Las gasolineras que adquieren este combustible podrían no tener conocimiento de su origen ilícito, lo que agrava la situación.

Además del fraude original, se sospecha un posible triple fraude que incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), biocombustibles y un ‘fondo de eficiencia’. Hacienda ha comenzado a rastrear los movimientos de estos operadores desde 2022, con datos que confirman la magnitud de las irregularidades.

Un caso emblemático dentro de esta trama es el de una venta de diésel a precio reducido, donde los implicados supuestamente habrían cobrado el IVA del 21%, pero sin ingresarlo en las arcas públicas, embolsándose así una cantidad significativa antes de desvanecerse del panorama empresarial.

Aunque se ha generado preocupación sobre si la presencia de este carburante podría representar algún riesgo, la SER informa que, aunque más contaminante, no aparece como un peligro directo para los usuarios, dado que carece de los biocombustibles que la ley exige.

Las autoridades están en alerta mientras continúan las investigaciones, que prometen desenterrar más sorpresas en un entramado que ha afectado gravemente la economía y la confianza del consumidor en el sector del combustible.