La reciente regulación del precio del alquiler en Cataluña ha tenido un efecto positivo en la disminución de las rentas, pero también ha provocado una caída drástica en el número de nuevos contratos de arrendamiento. Al entrar en vigor la ley en marzo de este año, los contratos en los 140 municipios considerados como mercados residenciales tensionados han caído un 17,2%, lo que equivale a 24.543 nuevos contratos, según los últimos datos publicados por la Generalitat. Estos números corresponden al segundo trimestre de 2023 (abril, mayo y junio), el primer periodo completo después de la implementación de la regulación.

Las comparaciones con el primer trimestre revelan una clara división entre las zonas reguladas y no reguladas: mientras los contratos en áreas reguladas han disminuido un 17,2%, en aquellas no reguladas, el incremento ha sido leve, con un aumento del 1,6%. También se ha observado una caída en los precios de alquiler, que se han reducido un 5% en las ciudades sujetas a regulación, situándose la media en 865,5 euros al mes, frente a un ligero descenso del 0,6% en las zonas no reguladas.

En Barcelona, un epicentro de la crisis de vivienda, los precios han caído un 5,2%, marcando un alquiler medio de 1.131,7 euros, rompiendo una racha de 11 trimestres de incrementos continuos. La disminución de nuevos contratos en la ciudad ha sido aún más notable, con un descenso del 19,2% entre el segundo y el primer trimestre, y una caída interanual del 23%.

La Generalitat ha informado que los datos se derivan de las fianzas depositadas por los propietarios en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que representan el 80% del mercado. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha afirmado que los datos corroboran el impacto positivo del tope de precios y ha señalado la necesidad de regular también el alquiler temporal y de habitaciones para evitar la evasión por parte de los propietarios. Ha criticado a Junts por obstruir la regulación de estas modalidades en el Congreso, asegurando que el Govern está comprometido a implementar regulaciones efectivas.

Sin embargo, la caída de contratos ha suscitado preocupaciones sobre la reducción de la oferta de viviendas en alquiler, dado que muchos propietarios han adoptado diversas estrategias para eludir la normativa que los obliga a cumplir con el índice oficial de precios. Algunos han decidido no alquilar sus propiedades, mientras que otros optaron por prorrogar contratos para evitar perder ingresos. De hecho, tras la implementación de la normativa, se estima que el 90% de los alquileres disponibles en Barcelona han sido contratos de temporada, no sujetos a la regulación.

El Sindicato de Inquilinas ha celebrado la caída de precios, considerándola una buena noticia para los inquilinos que han sufrido un mercado descontrolado durante años. Ellos argumentan que la regulación está estabilizando el mercado, y que el descenso en la suscripción de contratos podría significar una menor rotación y, por ende, menos personas obligadas a desplazarse debido a aumentos de precios.

Desde la cámara de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), se ha subrayado la importancia del descenso en el número de contratos, advirtiendo que la situación actual muestra un claro desajuste entre la oferta y la demanda en las áreas con más presión. Esta situación alarmante podría agravar la crisis de vivienda en Barcelona, poniendo a los inquilinos en una posición aún más precaria.

La Cámara de la Propiedad Urbana también ha expresado su preocupación por la marcada disminución en la contratación de alquileres, que ha alcanzado el nivel más bajo en la historia reciente. A medida que el mercado de alquiler enfrenta retos significativos, se intensifican los llamados a una regulación más robusta que aborde no solo los precios, sino también la calidad de las ofertas en el sector educativo y de largo plazo. La situación continúa siendo crítica y las autoridades deberán actuar para equilibrar la balanza entre oferta y demanda antes de que la crisis se convierta en insostenible.