Las acciones de las empresas energéticas han sufrido fuertes caídas en la Bolsa española, impulsadas por el creciente debate sobre la fiscalidad en el país. Existe la posibilidad alarmante de que el impuesto extraordinario que actualmente grava al sector se convierta en permanente. En este contexto, Redeia ha visto una disminución de su valor en Bolsa del 3,9%, mientras que Endesa y Naturgy han seguido con recortes del 3,5% y 1,3% respectivamente. Enagás e Iberdrola tampoco se han quedado al margen, cediendo un 2,3% y un 1,7%. Por otro lado, Acciona ha sufrido la caída más severa con un ajuste del 4,5%. Sorprendentemente, Repsol fue el único valor energético español que logró escapar de la tendencia bajista, con un leve aumento del 0,1%, atribuible al notable repunte del precio del crudo Brent, que subió un 3%.

La preocupación por la posibilidad de hacer permanentes los impuestos extraordinarios sobre el sector energético y bancario se intensifica. Este tema comenzaba a rondar desde finales del año pasado y ha cobrado fuerza a medida que avanzan las negociaciones presupuestarias para 2025. Aunque la implementación de esta medida requeriría cambios legislativos y aprobación parlamentaria, una tasa permanente podría significar una reducción considerable de los beneficios para estas compañías. De igual forma, el índice de recaudación de estos impuestos se estima en unos 3.500 millones de euros anuales.

Implementados como medidas temporales en 2022 ante el aumento de precios tras la invasión de Ucrania, estos impuestos fueron prorrogados este año, aunque el impuesto energético sufrió modificaciones debido a las demandas del PNV, tras las protestas de Repsol. La situación es tensa, ya que Repsol ha sido una de las voces más críticas respecto a este impuesto, argumentando que ha impactado negativamente en sus inversiones. El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, advirtió que es crucial su eliminación para poder normalizar la inversión en el sector. Se estima que las petroleras han tenido inversiones paralizadas que alcanzan los 16.500 millones de euros debido a este gravamen.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha expresado su preocupación y ha instado al gobierno a que estos impuestos deben ser limitados y temporales, ya que su prolongación podría distorsionar la inversión y crear incertidumbre en el mercado. La reestructuración hipotética de estos impuestos no es un tema nuevo; incluso firmas como Goldman Sachs anticiparon esta posibilidad hace un año, sugiriendo que el gobierno buscaría extender la carga fiscal para asegurar una consolidación fiscal y mejorar el presupuesto destinado a las comunidades autónomas.

Es interesante notar que, a pesar de la creciente preocupación, el precio del crudo ha tenido una tendencia a la baja en los últimos dos años, el barril de Brent actualmente ronda los 79 dólares, una caída notable desde los 122 dólares en mayo de 2022. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno ha comenzado a retirar algunas medidas de alivio, incluyendo un aumento en el IVA de los alimentos básicos. Los analistas del mercado consideran que la reacción actual de las acciones es excesiva. Además, Goldman Sachs, en su último informe sobre utilities europeas, recalibró al alza sus estimaciones de ganancias para 2026 tras los resultados del primer semestre, ignorando en su análisis el impacto del impuesto extraordinario.

Finalmente, es importante resaltar que la propia industria ha llevado el caso ante los tribunales, con la Asociación Empresarial Electrointensiva (Aelec), que representa a grandes compañías como Iberdrola y Endesa, presentando un recurso ante la Audiencia Nacional al calificar el impuesto de “discriminatorio e injustificado”, al gravar la facturación en lugar de las ganancias, lo que contrasta con la normativa de impuestos similares en otros países europeos. Sin duda, este panorama fiscal seguirá generando debates y un clima de incertidumbre en el sector, llevando a muchos a cuestionar el futuro de la inversión en energías renovables y sostenibles en España.