Las recientes elecciones presidenciales en Túnez han sido un auténtico fiasco para el actual presidente Kais Said, de 66 años, quien verá su reelección cuestionada tras un abrumador 72% de abstención entre los votantes. Esta cifra demoledora contrasta drásticamente con la activa participación ciudadana de 2011, cuando el país inició las revueltas de la Primavera Árabe, despojando a Zine el Abidine Ben Ali de su régimen autoritario y dando paso a los primeros comicios democráticos en 2014, donde la abstención fue del 37%.

La desconfianza en Said ha aumentado desde que asumió la presidencia en 2019, tras una victoria en segunda vuelta en un clima de esperanza de cambio económico y político. Sin embargo, sus decisiones, que incluyen la disolución del Parlamento en 2021 y la reforma constitucional que le otorga un poder casi absoluto, han generado críticas y rechazo entre la población. A pesar de los esfuerzos por movilizar a los votantes, la tendencia de abstención persiste. En referéndums previos, alrededor del 70% de los votantes hicieron oídos sordos a las convocatorias del gobierno.

La situación se ha vuelto aún más tensa debido a la falta de competencia real en las elecciones, ya que muchos líderes de la oposición se encuentran encarcelados o sus candidaturas han sido bloqueadas. Los resultados oficiales de estas elecciones se esperan con cautela, a pesar de que se pronostica una victoria para Said, cuya legitimidad se ve comprometida por la baja participación de solo el 27,7% en la primera vuelta.

Un acontecimiento notable fue la aprobación, a solo nueve días de las elecciones, de una reforma exprés de la ley electoral por parte del nuevo Parlamento, que impide la supervisión de los comicios por el único tribunal imparcial. Estos cambios han suscitado denuncias de un intento de consolidar el control de Said sobre el proceso electoral.

La exclusión sistemática de candidatos ha sido otro factor clave en esta elección. Desde agosto, el ISIE, un organismo electoral designado por Said, eliminó a tres candidatos importantes de la contienda presidencial, a pesar de que un tribunal administrativo había fallado a favor de su inclusión. Además, se han vedado la presencia de observadores nacionales e internacionales, lo que ha levantado numerosas alarmas sobre la transparencia del proceso electoral.

La situación para los opositores se ha vuelto crítica. Ayachi Zamel, uno de los pocos candidatos que logró presentarse, fue condenado a 12 años de prisión justo después de su validación como candidato. Aún así, varios partidos de oposición han decidido concentrar sus votos en Zamel para forzar una segunda vuelta, lo que demuestra un intento de resistencia civil en este panorama político sombrío.

Por otra parte, la crisis económica se cierne sobre el país. Con un empobrecimiento generalizado y descontento social, Kais Said se enfrenta a una gran presión por parte de la poderosa Unión de Trabajadores de Túnez, que se opone a las medidas de austeridad exigidas por el Fondo Monetario Internacional. La situación se ha deteriorado con un aumento de las tensiones sociales, mientras más de 170 personas han sido detenidas por motivos políticos, lo que deja una marca oscura en el legado democrático que muchos tunecinos anhelan recuperar.

La sombra de la represión se cierne sobre el país, y con figuras de la oposición detenidas y acusadas de conspiración, el futuro de Túnez como democracia se encuentra en una encrucijada. El desinterés político de la ciudadanía refleja una profunda desilusión con un sistema que prometía un cambio y que, a la vista está, sigue atrapado en el ciclo del autoritarismo.