El 3 de abril de 2025 marca un hito importante en la lucha contra la ocupación ilegal en España. Desde 2018, los propietarios han visto cómo las denuncias por okupación se han incrementado drásticamente, con un aumento del 34,5% en el número de casos entre 2018 y 2024. En un estudio realizado por la Property Rights Alliance, se ha revelado que España ocupa el puesto 22 de 37 países en cuanto a la protección de la propiedad privada, indicando una clara necesidad de cambios legislativos.

La nueva ley antiokupas

La nueva ley antiokupas, que entra en vigor hoy, busca agilizar los procedimientos judiciales relacionados con el allanamiento y la usurpación de viviendas. Entre sus principales características se encuentran:

1. Juicios Rápidos

Los propietarios podrán beneficiarse de juicios acelerados con un plazo máximo de 15 días para abordar estos casos.

2. Intervención Policial Inmediata

Si los okupas han estado en la propiedad por menos de 48 horas, la policía podrá actuar de inmediato para desalojarlos.

3. Desalojos Exprés

Se permitirán desalojos inmediatos una vez confirmada la ocupación ilegal.

4. Endurecimiento de Penas

Las sanciones y penas para los okupas se harán más severas.

Sin embargo, la ley también introduce distinciones entre los okupas 'tradicionales' y los 'inquiokupas', estos últimos son aquellos que podrían ser considerados vulnerables y requieren un análisis específico antes de ser desalojados. Esto ha generado debates entre expertos legales sobre cómo proceder efectivamente.

La abogada Arantxa Goenaga, socia de AF Legis, ha compartido su perspectiva sobre la nueva legislación. Aunque reconoce la presión sobre los abogados para cumplir con los plazos, enfatiza que frecuentemente estos se extienden en la práctica judicial. "Los propietarios deben ser conscientes de que siempre ha sido un delito entrar a una propiedad sin permiso, ya que implica romper una puerta o una ventana", señala Goenaga.

Ella recomienda que, al enfrentar una situación de okupación, los propietarios acudan primero a la policía para iniciar los trámites correspondientes. Sin embargo, resalta que es crucial que los abogados regresen a la vía penal, que personales legalmente desde el principio de estos casos.

"Invertiremos los pasos. Antes comenzábamos con la vía civil, ahora lo haremos por la penal", dice Goenaga, sugiriendo que esta estrategia ayudará a evitar largos períodos de espera para los propietarios.

La nueva legislación representa un cambio significativo en la forma en que se gestionan estas situaciones, y se espera que los abogados comiencen a aplicar las disposiciones desde hoy. Los propietarios deben estar informados y preparados para defender sus derechos ante la creciente problemática de la okupación en España.