El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se encuentra en el ojo del huracán y podría enfrentar serias "acciones legales" por su polémica gestión durante la reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que causó estragos en la región. Movimientos políticos como Iustita Europa han comenzado a surgir, y aunque se muestran reticentes a definirse ideológicamente, su intención es clara: hacer que Mazón rinda cuentas.

Por otro lado, el partido Compromís también prevé llevar a Mazón ante la Justicia. A pesar de sus diferencias, la formación se ha unido en la preocupación por su gestión en la tragedia medioambiental más devastadora de la historia reciente de Valencia. Según informes obtenidos por ElPlural.com, se está gestando una macroquerella que busca reunir el apoyo necesario para maximizar su impacto legal: “Cuantos más seamos, mejor”, apuntan los activistas.

Fuentes de Compromís han declarado que están dispuestos a ofrecer "equipos jurídicos" y "todos los medios a su alcance" a aquellos que deseen presentar la denuncia. Este enfoque ha sido habitual en otras controversias políticas, como la expansión del Puerto de Valencia, donde han respaldado a quienes se atreven a actuar.

“Hay mucha gente interesada en emprender acciones legales contra Mazón”, afirman desde Compromís, señalando que diversas organizaciones, como Acció Cultural del País Valencià, también están considerando unirse a esta causa.

Internamente, se ha sugerido que un grupo de juristas ya está estudiando las posibles vías legales. “Si la denuncia avanza, uniremos fuerzas”, enfatizan. Las discusiones sobre los cargos que podrían presentarse incluyen homicidio imprudente y posiblemente omisión de socorro.

¿Podría Mazón enfrentarse a penas de cárcel? Este es un interrogante complejo. En caso de ser condenado por homicidio imprudente, el Código Penal español prevé penas de prisión de uno a cuatro años, dependiendo de la gravedad de la imprudencia y las circunstancias del caso. Si se considera que su negligencia fue grave, las sanciones podrían ser severas.

El artículo 142 delCódigo Penal es claro: quien cause la muerte de otro por imprudencia grave puede ser encarcelado. Sin embargo, si se determina que la imprudencia no fue tan grave, las sanciones podrían incluir multas o inhabilitación.

Esta situación subraya la creciente tensión política en la comunidad valenciana y plantea importantes preguntas sobre la responsabilidad de los líderes políticos en situaciones de crisis. La sociedad está atenta y dispuesta a actuar; la presión para que Mazón y su equipo respondan por sus acciones está alcanzando niveles críticos.