La Jueza en el Ojo del Huracán

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, está poniendo en jaque a la Generalitat Valenciana al investigar los fallos en la gestión de la devastadora dana del pasado 29 de octubre. En un movimiento sorprendente, ha exigido al director general de Medio Natural, Luis Gomis, detalles sobre el uso de los recursos destinados a vigilar el crítico barranco del Poyo, donde se desbordaron las aguas y causaron un desastre mortal.

Preguntas Cruciales con un Tiempo Límite

La magistrada ha dado un plazo de cinco días para que Gomis informe si los agentes medioambientales realmente cumplieron con su deber de vigilancia. Este llamado a responder surge tras un informe que admitía la participación de dichos agentes en el Plan Especial de Inundaciones, reconociendo su responsabilidad en el seguimiento de ríos y barrancos, especialmente el del Poyo, epicentro de la tragedia que dejó 227 muertos y un desaparecido.

¿Se Ignoró la Advertencia?

Gomis reveló que, a las 11:54 horas del 29 de octubre, contactó con la Agencia Valenciana de Seguridad para ofrecer la colaboración de los agentes, pero no recibió respuesta. La falta de un aviso oportuno ha sido defendida por la Generalitat, encabezada por Carlos Mazón, quien atribuye la responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Júcar, alegando que no se comunicó sobre el aumento del caudal del barranco.

Contradicciones que Pueden Afectar el Relato Oficial

Sin embargo, hay más. Cuando la Agencia de Seguridad declaró la alerta hidrológica a las 12:20, un equipo de bomberos estaba en la zona comprobando el caudal. Curiosamente, estos fueron retirados apenas una hora y media antes de que se produjeran las inundaciones, lo que ha generado más preguntas sobre el manejo de la emergencia.

La Involucración de Testigos Clave

La jueza ha programado declaraciones para el 7 de mayo de siete funcionarios de la Agencia Valenciana de Seguridad y dos empleados del 112. Este movimiento apunta a esclarecer aún más las responsabilidades de las autoridades en la tragedia.

Un Golpe a la Culpa del Gobierno Central

En una decisión relevante, la jueza ha desestimado la solicitud de incluir a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como investigada, argumentando que el Consell es el ente superior en la gestión de protección civil en la Comunidad Valenciana. Este enfoque deja en evidencias a los intentos de deslindar responsabilidades hacia el gobierno estatal.

¿Tranquilidad o Incompetencia?

La magistrada ha sido contundente al criticar la aparente desconexión entre los presentes en el Cecopi, sugiriendo que no estaban recibiendo la información crucial sobre la situación. Al parecer, la falta de comunicación efectiva podría haber jugado un papel vital en la respuesta a la emergencia.

Un Juicio en Marcha

Hasta la fecha, el Juzgado ha llevado a cabo unas 250 declaraciones testificales de familiares de las víctimas. Con aproximadamente 40 acusaciones personadas, el caso sigue siendo un torbellino de interrogantes que exige respuestas urgentes.

Aún Queda Mucho por Descubrir

A medida que avanza la instrucción, nuevas revelaciones y testimonios continuarán surgiendo. La comunidad espera una rendición de cuentas clara sobre lo sucedido durante aquella fatídica jornada, mientras la atención se centra en la gestión de la emergencia y su impacto devastador.