Un profesor de tenis ha admitido haber agredido sexualmente a una joven de solo 14 años, quien posteriormente quedó embarazada y se vio obligada a interrumpir su embarazo. Durante su declaración, el acusado expresó un "arrepentimiento total" y pidió perdón a la víctima y a su familia.

En el juicio, el Ministerio Público redujo la solicitud de pena, pasando de 18 a 10 años de prisión tras el reconocimiento de culpabilidad por parte del procesado. Además, se estableció una reparación económica de 50.000 euros por perjuicio moral y 1.955,90 euros para la Generalitat por asistencia a la menor.

Doloroso testimonio: La fiscalía también ha solicitado una inhabilitación especial del acusado durante 20 años para cualquier profesión que implique contacto con menores, así como libertad vigilada posterior a la prisión y una prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros.

El hecho trascendió entre septiembre de 2022 y abril de 2023, cuando el profesor, aprovechando la confianza de los padres, llevó a la menor a su casa y a un gimnasio que posee, donde, según el Ministerio Público, llevó a cabo la agresión.

Aterrador relato: Cuando la joven le comunicó que no había menstruado, el acusado le rogó que no informara a sus padres y que culpara a otro menor para protegerse de la prisión.

Como resultado, la menor quedó embarazada y se realizó una interrupción voluntaria del embarazo. Durante el juicio, dos psicólogas confirmaron que el testimonio de la menor fue "claro y coherente", aunque mostró ansiedad relacionada con su experiencia.

La tragedia se agrava por la confirmación de que el padre del feto era el propio profesor, a través de un análisis del Instituto de Toxicología de Barcelona.

El juicio ha generado fuertes reacciones en la comunidad y ha llevado a un debate sobre la seguridad de los jóvenes en entornos deportivos. Tanto la acusación como la defensa han coincidido en pedir una condena severa, teniendo en cuenta el reparo del daño ocasionado y el pedido de perdón del acusado. El tribunal se encuentra ahora a la espera de dictar sentencia.

Este caso pone de manifiesto una grave problemática en los círculos de confianza que deben proteger a los menores, y la necesidad de políticas que aborden de manera contundente estas acusaciones. ¿Qué más escondidos habrá en casos similares que aún no han salido a la luz?