Un giro inesperado en la investigación de la dana

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada del caso de la devastadora dana del 29 de octubre en Catarroja, ha puesto en entredicho la versión oficial del gobierno valenciano al exigir información clave sobre la vigilancia en el barranco del Poyo. En un acto que podría cambiar el rumbo de la investigación, ha preguntado al alto funcionario Luis Gomis si se utilizaron efectivamente los recursos para la supervisión de la zona y cuándo dejaron de estar activos.

Un informe que cambia las reglas del juego

El requerimiento surge tras un informe donde Gomis, director general de Medio Natural y Animal, admite que los agentes medioambientales tenían la responsabilidad de asistir en el Plan Especial de Inundaciones, incluyendo el crucial seguimiento del barranco del Poyo. Este desbordamiento, que arrasó poblaciones de L’Horta Sud, fue responsable de la mayor parte de las 227 muertes y una persona desaparecida en la tragedia.

Desacuerdos e ineficiencias que se cuestionan

El informe entra en detalles anecdóticos, revelando que Gomis notificó la disponibilidad de los agentes a la Agencia Valenciana de Seguridad a las 11:54 del día de la catástrofe. Sorprendentemente, no obtuvo respuesta, lo que alimenta las críticas hacia el sistema de gestión de emergencias, en un clima donde la confianza en el liderazgo de Carlos Mazón, del PP, podría verse erosionada.

Acciones tardías en medio de la tragedia

A pesar de la alarma decretada a las 12:20 del 29 de octubre tras la alerta de aumento del caudal, la respuesta fue marcada por ineficiencias. Bomberos forestales que estaban midiendo escalas fueron retirados a las 15:00, justo antes de que el agua desbordara. Uno de sus líderes admitió posteriormente que fueron llamados a regresar por razones técnicas y no porque los niveles de agua fuesen seguros, lo que ha generado aún más críticas.

Nuevas citaciones y posibles revelaciones

Dando un paso más, la jueza ha citado a siete funcionarios de la Agencia de Seguridad y a dos trabajadores del 112 para el 7 de mayo, reforzando la importancia de la rendición de cuentas en este caso. En cuanto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la jueza decidió no llamarla a declarar como investigada, argumentando que las competencias sobre la protección civil recaen en el Consell.

Un panorama complejo y cargado de culpables

La magistrada también ha observado que en la reunión de Cecopi parecía que sus miembros estaban aislados, incapaces de actuar con urgencia. Este clima de desconexión y falta de comunicación se suma a la creciente frustración y reclamos de justicia por parte de las familias de las víctimas.

La investigación sigue su curso

Hasta ahora, el Juzgado de Catarroja ha realizado unas 250 declaraciones testificales, incluyendo a familiares de las víctimas. Con 40 acusaciones en marcha, de las cuales ocho ejercen acción popular, el juicio no solo puede ser un momento de justicia, sino que podría establecer un precedente sobre la gestión de emergencias en España, cuestionando serias falencias estructurales.