Este viernes, la sede del PSOE de Cantabria, ubicada en la calle Vargas de Santander, fue escenario de un violento ataque cuando un individuo encapuchado irrumpió durante un acto centrado en la memoria democrática. Este evento contaba con la presencia de Pedro Casares, secretario general del partido, y varias figuras destacadas del Gobierno español.

El atacante lanzó artefactos explosivos de fabricación casera, compuestos por líquido inflamable en botellas de plástico, mientras más de 70 asistentes estaban presentes. Gracias a la rápida acción de una de las participantes, las botellas fueron arrojadas antes de explotar en la entrada del local, evitando así daños personales.

Los artefactos llevaban un mensaje inquietante: “Frente a las mentiras revanchistas. PSOE = Satanás”. La comunidad socialista de Cantabria no tardó en condenar el acto violento, denunciándolo de inmediato a la Policía Nacional, que se trasladó al lugar para obtener pruebas y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, fue uno de los primeros en reaccionar, afirmando: “Frente a la violencia y el odio, responderemos con memoria, respeto y justicia”. Subrayó el compromiso del PSOE de honrar la memoria de quienes lucharon por la democracia.

El acto, titulado 'De la memoria al respeto', también contó con la participación de la directora general de Atención a las Víctimas, Zoraida Hijosa, y el historiador Antonio Santoveña. Casares expresó en redes sociales su firme determinación de alzar la voz contra el totalitarismo, enfatizando que la defensa de la memoria democrática es más crucial que nunca.

El evento buscaba promover el cambio de nombre de 18 calles que todavía llevaban nomenclatura franquista en Santander, junto con un reciente logro de la Fiscalía de Cantabria en la declaración de injusticia de una condena impuesta a una víctima del franquismo, quien fue sometida a un juicio sin garantías.

El cambio de nombres ha sido aprobado en el pleno del Ayuntamiento el pasado 24 de abril, tras la presión ejercida por la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.