El 6 de febrero, el Gobierno español alcanzó un acuerdo con las autoridades canarias sobre los criterios para distribuir a los menores inmigrantes en el archipiélago entre el resto de las comunidades autónomas. Sin embargo, hasta ahora no se había revelado la ponderación específica de estos criterios, la cual es fundamental para determinar cuántos niños y adolescentes debe acoger cada comunidad. Tampoco se había aclarado cómo se implementaría esta distribución desde un punto de vista jurídico. El presidente canario, Fernando Clavijo, había solicitado que se realizara a través de un real decreto ley, que sería la vía más rápida. La Abogacía del Estado estaba redactando un informe para decidir si dicha medida era viable, dado que toca derechos fundamentales.

Finalmente, según fuentes de Junts, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley este mismo martes, que posteriormente necesitará ser convalidado por el Congreso de los Diputados. Gracias a un acuerdo reciente con el partido separatista de Carles Puigdemont, el Gobierno ahora cuenta con una mayoría asegurada en esta votación. Tan solo hace un par de semanas, se registró una ley conjunta para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña.

Junts ha declarado que la solución es "temporal" y esto podría afectar a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que el Gobierno intenta implementar para establecer mecanismos automáticos de repartición en tiempos de crisis migratorias. Sin embargo, el borrador del decreto que se someterá a aprobación incluye propuestas para modificar este precepto, permitiendo adaptaciones que faciliten futuros casos. Aunque la ley de extranjería es orgánica y su modificación total requiere una mayoría absoluta, el artículo 35 no se considera orgánico, lo que facilitaría su cambio por esta vía.

El partido separatista ha prometido que se seguirán criterios "justos y equitativos" para abordar la situación humanitaria de los menores migrantes, enfocándose en su integración y oportunidades de desarrollo. Destacan que se tendrá en cuenta el esfuerzo histórico de Cataluña en este ámbito, aunque este punto ya estaba acordado en el pacto inicial entre el Gobierno central y el canario.

Según Junts, Cataluña recibirá entre 20 y 30 menores, mientras que la Comunidad de Madrid, la única mencionada por el partido independentista, recibirá más de 700. Este reparto se centrará en aquellas comunidades autónomas que hasta este momento no han acogido o que han hecho un esfuerzo significativamente menor en comparación con el realizado por Cataluña. Desde el Gobierno, se matiza que la cifra proporcionada por Junts es solo una proyección preliminar. Ahora se abrirá un plazo de un mes y medio para que las comunidades autónomas actualicen sus datos, lo que permitirá cerrar el número definitivo de menores que cada comunidad deberá acoger.