La guerra por el control en las prisiones españolas

Los teléfonos móviles se han transformado en el objeto más deseado dentro de las cárceles de España, dando lugar a un mercado negro que trae consigo enormes problemas para la seguridad y el orden en estos centros. Entre 2018 y 2024, se confiscó un impactante total de 653 dispositivos en la prisión valenciana de Picassent, pero las autoridades han detectado un nuevo y casi indetectable método de contrabando: el uso de drones.

Un problema creciente y alarmante

Las estadísticas revelan que en prisiones bajo la Junta de Tratamiento de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se han incautado 12,882 teléfonos en total. Solo en 2024, se retiraron 2,884 equipos, de los cuales 72 correspondían a la prisión de Valencia. Según el sindicato Acaip-UGT, estos dispositivos están prohibidos porque permiten a los internos eludir los controles establecidos y facilitar la continuación de actividades delictivas, como la violencia de género y la organización de redes criminales.

El peligro de los dispositivos móviles

Internos peligrosos, condenados por terrorismo o miembros de organizaciones criminales, aprovechan el acceso a teléfonos móviles para coordinar sus actividades delictivas. Este fenómeno no solo representa una amenaza para la sociedad exterior, sino que también crea un ambiente de tensión y conflicto dentro de las penas, al generar deudas entre los reclusos y episodios de violencia.

Drones: el nuevo desafío en la seguridad penitenciaria

Con el avance de la tecnología, los drones se han convertido en un nuevo adversario en la lucha contra el contrabando en las cárceles. Su capacidad para volar sobre recintos carcelarios y dejar caer objetos con precisión los convierte en herramientas casi indetectables, capaces de eludir las medidas de seguridad existentes. Esta situación ha encendido las alertas entre las autoridades penitenciarias.

Limitaciones en la lucha contra el contrabando

El sindicato Acaip-UGT destaca el valor del esfuerzo de los trabajadores penitenciarios, quienes enfrentan el reto con recursos a menudo insuficientes. Los teléfonos, cada vez más pequeños y hechos de materiales poco detectables, complican la labor de los funcionarios, que deben realizar revisiones exhaustivas con un personal limitado y sin la formación adecuada.

La necesidad de modernizar las medidas de seguridad

Ante esta situación crítica, Acaip-UGT pide urgentemente una inversión en tecnología moderna de seguridad para actualizar los sistemas de inhibición de señales, que actualmente están desactualizados frente al avance de las telecomunicaciones. "Es necesario proporcionar a las prisiones sistemas modernos que impidan el uso de teléfonos móviles y eviten la incursión de drones en zonas restringidas", afirman.

Un llamado a la acción gubernamental y tecnológica

La seguridad en nuestras prisiones no puede depender únicamente del sacrificio de los funcionarios. Se necesita un compromiso institucional, inversión tecnológica y una planificación estratégica para abordar esta problemática de manera efectiva. El sindicato ha expresado la urgencia de contar con respuestas firmes y modernas ante esta constante amenaza.