Una impactante decisión judicial ha sorprendido al público: unos padres eludieron una pena de 26 años de cárcel, tras admitir haber infligido serias lesiones a su hija de apenas un mes. Aunque inicialmente se enfrentaban a un cargo de intento de asesinato, su castigo se ha reducido a solo dos años de prisión, de los cuales no tendrán que cumplir ni un día tras llegar a un acuerdo de responsabilidad civil que asciende a 77.000 euros.

Los hechos ocurrieron a finales de noviembre de 2018 en Torrent, Valencia. Los progenitores llevaron a su bebé al centro de salud argumentando que tenía mucosidad, pero la realidad era aterradora. La niña presentaba múltiples lesiones, incluida una fractura de cráneo, lo que llevó a su traslado urgente al Hospital General de Valencia y posteriormente a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica.

Los médicos forenses verificaron que la pequeña había sufrido un traumatismo craneoencefálico muy grave que le había provocado convulsiones, hematomas, hemorragias internas y daños en la retina. En este momento, la niña, que cumple seis años este mes, se enfrenta a secuelas cerebrales que requieren seguimiento médico y terapia.

El Ministerio Fiscal solicitaba una pena severa de 26 años, el máximo posible dada la naturaleza de los hechos. Sin embargo, gracias a la defensa del abogado Miguel Ángel Sampedro, se llegó a un acuerdo que significó la reducción de la acusación, permitiendo que los padres no cumplieran prisión. Se les ha condenado por lesiones graves, pero las circunstancias atenuantes han jugado a su favor.

El retraso en el juicio, que duró casi seis años debido a trámites legales y pruebas poco comunes, como un cuestionable polígrafo donde la madre negaba su implicación, también afectó la decisión final. La sentencia incluye una prohibición de acercamiento de 200 metros a su hija y la imposición de varias restricciones legales, mientras que la niña se encuentra bajo la tutela de la Generalitat desde 2018.

Este caso ha generado un gran debate en la sociedad sobre la naturaleza de la justicia y la protección de los menores, dejando a muchos preguntándose si verdaderamente se hace justicia en situaciones tan extremas. La indignación y la preocupación por el bienestar de niños en situaciones similares se han intensificado, lo que resalta la necesidad de una revisión más profunda de cómo se manejan estos casos en el sistema judicial.