Rumania intensifica sus esfuerzos para extraditar al príncipe Paul-Philippe, conocido como el príncipe Paul, después de su arresto en París el lunes 7 de abril. A las seis de la mañana, la policía francesa detuvo al príncipe bajo una orden de detención europea solicitada por las autoridades rumanas. Este personaje controvertido ha estado evadiendo la justicia rumana desde finales de 2020, cuando fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por cargos que incluyen tráfico de influencias, blanqueo de capitales y soborno como parte de un grupo criminal.

La organización criminal, de la cual formaba parte, intentaba recuperar ilegalmente propiedades que, según él, le correspondían como heredero de la familia real rumana y que habían sido confiscadas durante el régimen comunista.

El Tribunal de Apelación de Brașov, ubicado en el corazón de Transilvania, solicitó a la Oficina SIRENE que emitiera una alerta de arresto para Paul. Esta unidad, que gestiona el Sistema de Información Schengen (SIS), validó rápidamente la solicitud y se encargó de localizarlo para su arresto. Actualmente, se encuentra en proceso el cumplimiento de la orden de detención emitida por Rumania.

Desde la caída del régimen de Nicolae Ceaușescu en 1989, Rumania ha estado luchando contra la corrupción y el abuso de poder, y el príncipe Paul se ha visto envuelto en una serie de escándalos legales. Entre 2006 y 2013, fue acusado de colaborar con una red que trataba de reclamar grandes extensiones de tierra, entre ellas, 47 hectáreas del famoso bosque de Snagov, lugar donde se dice que está enterrado el cuerpo decapitado de Vlad Drácula, y 27 hectáreas de una antigua granja real en Baneasa, al norte de Bucarest.

El Alto Tribunal de Casación y Justicia lo condenó en diciembre de 2020, al igual que a otras 17 personas implicadas, por un daño al Estado que se estima en alrededor de 145 millones de euros. A pesar del veredicto, el príncipe no fue encontrado en su domicilio esa misma noche, lo que llevó a la emisión de una orden europea de búsqueda y captura.

El príncipe fue localizado en Francia en junio de 2022 y detenido en prisión preventiva, aunque fue liberado bajo fianza poco después. En octubre de 2023, Paul-Philippe rechazó ser trasladado a Rumania para cumplir la sentencia, argumentando que el caso tenía motivaciones políticas. Sin embargo, el ciclo de su arresto continuó, ya que en abril de 2024, fue nuevamente detenido en Malta durante un evento de los Caballeros de la isla, ante otra orden de detención europea. Pasó dos meses en prisión antes de obtener la libertad bajo fianza, aunque en agosto de 2024, el Tribunal de Apelación de Malta rechazó la solicitud de extradición de Rumania, indicando un “riesgo real” de violación de sus derechos fundamentales.

Este prolongado conflicto legal alrededor del príncipe Paul refleja las complejidades del sistema judicial en Rumania y plantea serias preguntas sobre la justicia y los privilegios en el contexto actual de la democracia rumana.