La Fiscalía de Cantabria ha solicitado urgentemente una medida cautelar que impida a los cuatro menores que acosaron a un compañero con discapacidad en el IES Torres Quevedo de Santander acercarse a él, ya sea a su domicilio, a su centro educativo o poder comunicarse con él.

Este caso ha tomado un giro serio, ya que la Fiscalía ha iniciado una investigación por posible delito de lesiones, maltrato y discriminación. Los hechos, que han causado una gran indignación en la comunidad, fueron denunciados por la familia de la víctima en la segunda semana de marzo, y desde entonces se han abierto diligencias bajo la "Ley del Menor, Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero".

Mientras tanto, ha habido una enorme concentración de apoyo a la víctima en la puerta del colegio, donde familiares, la propia víctima y compañeros de instituto se unieron para exigir justicia. Este acto de solidaridad resalta la necesidad de un entorno seguro para todos los alumnos, independientemente de sus capacidades.

Para proteger a la víctima y debido a que se ha publicado en internet la identidad de los menores implicados, la Policía ha enviado refuerzos al lugar. Por su parte, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha declarado que están considerando con la familia de los acusados la posibilidad de transferirlos a otro instituto, lo que ha generado debate sobre cómo abordar el acoso escolar en nuestra sociedad.

Silva ha admitido que "algo ha fallado" en el sistema, reconociendo que "estas cosas no deberían pasar en un entorno educativo, pero la dura realidad es que ocurren". Este caso destaca la urgencia de implementar programas de prevención y concienciación en las escuelas para erradicar el acoso y la discriminación.

Finalmente, ahora está en manos del Juzgado de Menores de Cantabria decidir sobre la petición de alejamiento de los cuatro menores, una decisión que se espera que sea adoptada a principios de la próxima semana. La comunidad educativa y los ciudadanos esperan con ansiedad la resolución de este caso que ha sacudido a Santander.