Córdoba/Tres de la madrugada. En medio de la oscuridad, un dron se desliza silenciosamente hacia la ventana de una celda de la cárcel de Córdoba. Su piloto, con maestría y precisión, posiciona el aparato justo a unos metros de los barrotes. Desde el interior, un recluso extiende un palo de varios metros para recoger la carga. Este zumbido ligero se desdibuja en la noche, dejando atrás no solo un peligro inminente, sino la alarma de un fenómeno delictivo que parece sacado de una película de ciencia ficción.

En los últimos años, las organizaciones criminales han adaptado tecnologías avanzadas para continuar sus actividades dentro de las prisiones. Drones equipados con teléfonos móviles y drogas están transformando la dinámica del crimen tras las rejas. Según Teresa López, delegada de CSIF en el Centro Penitenciario de Córdoba, "las nuevas bandas están más organizadas y tienen acceso a recursos que superan a los de los funcionarios de la prisión". Este cambio en los perfiles de los reclusos, con la inclusión de nuevos tipos de criminalidad, ha revolucionado la forma en que las drogas y otros objetos prohibidos entran a las cárceles.

Recientemente, la cárcel de Alcolea se ha convertido en un campo de batalla. Durante febrero, se interceptaron dos drones cargados con sustancias ilegales, aunque los dispositivos voladores lograron escapar. Los funcionarios de la prisión están en una lucha constante, incapaces de detener el flujo de estos medios técnicos que burlan la seguridad de las instalaciones.

Incidentes alarmantes marcaron el mes de febrero: el 2 de febrero se confiscaron 23 bellotas de hachís y un teléfono móvil; el 23 del mismo mes, otros 36 gramos de hachís y cuatro móviles fueron recuperados. Los funcionarios afirmaron haber visto a los reclusos ingeniosamente utilizando un palo para atrapar las entregas aéreas. Sin embargo, los castigos a los internos son considerados insuficientes por los sindicatos.

La problemática es intensa. En enero, la Guardia Civil detuvo a seis personas en una operación que desarticuló a una organización que utilizaba drones para introducir drogas en las cárceles. Esta organización, surgida en Ceuta, operaba de manera itinerante y era capaz de volar drones adaptados para transportar cargas a distintos centros penitenciarios en horas de la noche, maximizando su eficiencia.

La situación se complica aún más por la falta de medidas tecnológicas adecuadas para neutralizar estos drones. Teresa López enfatiza que "se requieren urgentemente inhibidores de frecuencia y drones interceptores". Los funcionarios penitenciarios se encuentran en un estado de vulnerabilidad, ya que las bandas delictivas cuentan con personal más capacitado y recursos más modernos.

Además, hay exigencias constantes de reconocimiento formal de los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad, al igual que la policía. También se demanda el uso de dispositivos taser como método de control en situaciones excepcionales. La necesidad de una legislación clara que prohíba el uso de drones en áreas cercanas a las cárceles es cada vez más evidente, ya que estas amenazas siguen creciendo. La respuesta a estas preocupaciones será clave para salvaguardar la seguridad tanto de los trabajadores como de los reclusos en el sistema penitenciario.