La #Fiscalía de Valencia ha decidido respaldar a la jueza Nuria Ruiz Tobarra en su investigación sobre la trágica situación de la dana, y ha dejado claro que no hay fundamentos para aceptar la querella presentada contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por su actuación durante la emergencia del 29 de octubre. En un documento enviado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, el Ministerio Fiscal reafirmó que la responsabilidad del manejo de la situación de emergencia recaía en la Generalitat Valenciana, liderada por la Consejería de Interior.

Este respaldo llega tras la controversia generada por la asociación Hazte Oír, que argumentaba que Bernabé no solicitó la declaración de emergencia nacional. Sin embargo, la Fiscalía destacó que, en la fecha crítica, la persona a cargo de la Consejería era Salomé Pradas, quien tenía el deber de dirigir el plan especial contra inundaciones y declaró la situación de emergencia en su nivel 2.

De acuerdo a la Fiscalía, debido a que la situación no fue considerada de interés nacional, la función de Bernabé se limitaba a coordinar entre la administración estatal y la autonómica. Esto implica que, desde la perspectiva legal, no se le pueden atribuir decisiones que hubieran podido prevenir las numerosas muertes causadas por las inundaciones.

Es notable señalar que, en este contexto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no fue mencionado en la querella, lo que ha suscitado críticas desde la Generalitat. Algunos voceros apuntan que la Fiscalía ha pasado por alto que la Ley estatal de emergencias de 2015 otorga a la delegada funciones cruciales, como la coordinación con la Generalitat y la aprobación de la declaración de emergencia nacional si así corresponde.

Y es que la controversia sigue creciendo. La juez de Catarroja ha convocado a declarar a Bernabé, que comparecerá el mismo día que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Mientras tanto, la Fiscalía ha decidido no imputar a altos cargos de la Generalitat por omisión del deber de socorro, argumentando que no se puede proveer evidencia de que conocían la situación de desamparo y, a pesar de ello, decidieron no actuar.

¿Quién asume realmente la responsabilidad de esta tragedia que dejó con vida a muchos, pero cobró vidas de inocentes? La controversia continúa en una situación que pone en tela de juicio las acciones y decisiones clave en momentos críticos. ¡Permanece atento a más actualizaciones sobre este escándalo que conmueve a toda la comunidad!