La acuciante crisis de los 4.400 inmigrantes menores de edad que han desbordado los servicios sociales de Canarias y Ceuta ha reavivado este martes la confrontación entre el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), principalmente Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón. Esto ocurre justo tras el vencimiento del plazo que tenía cada territorio para informar al Ministerio de Juventud e Infancia sobre el número de menores que deben albergar.

El PSOE, en un movimiento estratégico, logró en marzo el apoyo de Junts para reformar la Ley de Extranjería. Esta reforma establece que los traslados automáticos de menores se realizarán cuando el sistema de protección de una comunidad supere el triple de su capacidad. Este importante cambio legislativo será debatido y votado en el Parlamento el próximo 10 de abril, antes de la Semana Santa, enfrentándose a la oposición del PP y Vox.

El conflicto se intensificó cuando el Gobierno expresó su descontento con la información presentada por la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso. La ministra de Infancia, Sira Rego, destacó que, aunque la mayoría de las comunidades habían enviado datos confiables sobre los menores migrantes no acompañados, la información de Madrid no cumplía con los requerimientos solicitados.

Según los datos de la Comunidad de Madrid, el territorio atendió a 2.442 menores durante 2024, mostrando una sobreocupación del 132%. Sin embargo, Rego dejó claro que lo necesario era conocer el número exacto de camas ocupadas en el sistema de acogida, no un total general de personas que utilizan los servicios de salud. Este detalle es crucial, dado que se utilizarán criterios objetivos como la población y la renta per cápita para calcular la futura distribución de los menores en España.

Rego también cuestionó la decisión de Aragón de desconocer la petición de información del Gobierno central, lo que lleva a que el cálculo para la dimensión total del sistema de acogida permanezca incompleto. Este rechazo se produce en un contexto donde se percibe que Vox mantiene una influencia significativa en algunas regiones, dificultando el proceso de acogida de estos niños.

Pilar Alegría, responsable del PSOE en Aragón, arremetió contra el presidente aragonés, sugiriendo que entregarle la información sería un acto de responsabilidad en la atención de los derechos de la infancia.

En un panorama similar, la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, anunció que se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que permite el traslado automático de menores a distintas comunidades. Camarero criticó al Gobierno por no haber permitido el debate adecuado sobre este tema, lo que infringe los principios de autonomía y lealtad institucional. La Generalitat Valenciana ha invertido más de nueve millones de euros para ampliar las plazas de atención a estos menores, pero enfrenta un gasto anual total de 23 millones, mientras solo recibe un escaso apoyo de 1,2 millones del Gobierno central.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, también anunció que su comunidad considerará la posibilidad de presentar un recurso, describiendo la situación como un atropello total. Esta escalada de tensiones destaca la preocupación por la gestión de una crisis humanitaria que afecta a la infancia, implicando un riesgo de desprotección si no se encuentra una solución rápida y efectiva por parte del Estado y las comunidades autónomas.