La Audiencia de Barcelona ha reabierto un caso que amenaza la libertad de expresión en España. En un giro inesperado, el tribunal ha decidido imputar a los editores de la revista satírica Mongolia, Pere Rusiñol, Darío Adanti y Fernando Luis Carballo, por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos. Esta decisión surge a raíz de una portada que se burla del tradicional belén navideño y ha provocado la indignación del grupo ultra Hazte Oír.

El tribunal, compuesto por los magistrados José Carlos Iglesias, María Carmen Hita y Begoña Sos, argumenta que no se puede descartar de plano que esta portada tenga la intención de ofender a los creyentes, no solo a los católicos, sino a cristianos en general. Señalan que, dada la naturaleza del tema, que involucra el nacimiento de una figura divina, la discusión sobre el posible delito es pertinente.

Este no es un caso aislado. Varios grupos ultracatólicos, como Abogados Cristianos y Manos Limpias, han emprendido acciones legales similares en el pasado, buscando censurar a aquellos que critican o se burlan de su fe. Sin embargo, la mayoría de estas denuncias han sido archivadas por los tribunales, quienes han defendido el derecho a la libertad de expresión frente a estas quejas. La curiosidad radica en que anteriormente, tanto la Fiscalización como la jueza de Mataró habían cerrado el caso, considerándolo resuelto en favor de la libertad de expresión.

La portada en cuestión muestra a figuras como José, la Virgen María y un dibujo de Jesús representado de forma humorística, lo que ha llevado a muchas críticas desde sectores conservadores. El contexto parece indicar que las asociaciones ultracatólicas están utilizando la justicia para reprimir voces disidentes, algo que muchos juristas consideran anacrónico y perjudicial para la democracia.

El 25 de junio, los editores de Mongolia deberán presentarse ante el tribunal como imputados para aclarar sus intenciones respecto a la imagen publicada. Aunque es posible que el caso termine nuevamente archivado, la sola implicación legal puede generar un ambiente de autocensura en el ámbito cultural y mediático.

La revista Mongolia ha respondido a esta situación indicando que es un claro indicativo de la necesidad de un proyecto satírico que promueva la libertad de expresión, especialmente en un contexto reciente de creciente polarización y ataques judiciales por parte de sectores conservadores. Han planeado lanzar una campaña de micromecenazgo para involucrar al público en su defensa, reafirmando su compromiso con la sátira y la crítica social.

Este caso resalta la fragilidad de la libertad de expresión en la actualidad y pone de manifiesto la batalla cultural que se libra en la sociedad española. ¿Hasta dónde llegarán los grupos ultra en su intento de silenciar voces críticas? La respuesta puede definir el futuro del debate democrático en el país.