La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha lanzado una alarmante declaración este martes, afirmando que hay pruebas suficientes para considerar que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Estas elecciones se han visto empañadas por la brutal persecución de opositores políticos y una represión feroz de las protestas que surgieron post-electorales.

Un exhaustivo informe de 158 páginas abarca el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 y detalla atrocidades perpetradas por fuerzas de seguridad y grupos civiles armados que apoyan al gobierno. Las acusaciones incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y actos de violencia sexual y de género que han dejado a la población en un estado de miedo constante.

Según el informe, las fuerzas de seguridad han estado "involucradas masivamente" en múltiples violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza para aplastar protestas pacíficas. El documento señala a los cuerpos de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, como los principales responsables de estas violaciones.

Adicionalmente, la Misión Internacional apunta que las declaraciones incendiarias de las más altas autoridades del Estado, especialmente tras los comicios del 28 de julio, generaron un clima propicio para la agresión y la violencia, exacerbando la represión en un país ya desgarrado por la crisis social y económica. Las alarmas de la comunidad internacional están sonando: ¿será este el eco de un régimen que no ha aprendido de sus excesos o el preludio de una nueva era de resistencia ciudadana? La situación en Venezuela sigue siendo marcada por su complejidad y se hace urgente un llamado a la justicia y la transparencia.