La Universitat de València (UV) ha emitido un informe contundente en respuesta a la jueza que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre, defendiendo que “no tuvo más información de la que debería tener cualquier institución que estuviera atenta a los avisos de los organismos públicos”. Justo Herrera, coordinador del Comité de Emergencias de la UV y vicerector de Economía e Infraestructuras, explicó que la universidad actuó con la información disponible, destacando que las alertas provistas por la Aemet y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias fueron clave en su decisión de suspender las clases.

El informe se convierte en un revés para el Consell, ya que contrasta profundamente con la gestión del departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana, cuya titular en ese momento, Salomé Pradas, enfrenta investigación junto con su secretario autonómico, Emilio Argüeso.

Desde el 27 de octubre, la UV siguió de cerca las alertas y, tras consultar las previsiones meteorológicas el 28 de octubre, activaron su Comité de Emergencias a las 10:25. Este cuerpo fue creado para garantizar que todas las acciones necesarias se llevasen a cabo ante situaciones de riesgo.

A las 11:28 del 28 de octubre, el Comité evaluó la posibilidad de declarar un nivel 1 de emergencia debido a las alertas meteorológicas. Con el tiempo y las condiciones empeorando, decidieron proseguir con un nivel 2 de emergencia, que incluye la suspensión de actividades académicas, tras recibir un aviso crítico a las 13:23 que advertía de lluvias torrenciales.

El día de la DANA, el 29 de octubre, el Comité empezaba a monitorear la cobertura mediática a las 08:07, recibiendo actualizaciones constantes sobre la situación, que anunciaban riesgos de inundaciones y daños en las infraestructuras locales. A las 10:30, la situación se tornó más crítica cuando se elevó el nivel de alerta a rojo para la mayor parte de la provincia de Valencia.

Finalmente, a las 11:19, la rectora Mavi Mestre declaró un nivel 3 de emergencia, lo que resultó en la suspensión total de la actividad universitaria, excepto aquellas relacionadas con el mantenimiento de servicios esenciales.

La situación provocó un contraste notable con las acciones del presidente Carlos Mazón, quien, a pesar de que su propio departamento había activado una alerta hidrográfica dos minutos antes de su aparición pública, insistió en que no había riesgos en la región. Su decisión de desestimar las advertencias fue criticada, especialmente al enfrentar las consecuencias del desbordamiento del barranco del Poyo y la posterior tragedia que ocurrió.

Con el trasfondo de estas decisiones, la UV busca proteger su responsabilidad y compromiso con la seguridad de su comunidad universitaria, evidenciando una clara diferencia de criterios y actuaciones entre la universidad y el gobierno valenciano. La polémica sigue desatándose con cada nuevo detalle que se revela, dejando en el aire la eficacia de las respuestas institucionales ante emergencias.