Un funcionario del grupo 2 recibe una subvención diaria de 65,97 euros para alojamiento y 37,40 euros para manutención, una cantidad que resulta ridícula en comparación con los costos actuales en la mayoría de las ciudades europeas.

Este sistema de tarifas para investigadores lleva más de 20 años sin actualizarse, lo que está afectando seriamente la competitividad científica de España en el ámbito internacional. La falta de ajustabilidad a la inflación y a los precios del mercado actual impide que muchos científicos puedan participar en conferencias importantes, lo que se traduce en una grave desventaja frente a otros países cuyo apoyo a la investigación es más adecuado.

Recientemente, el investigador del CSIC, Christian Gortázar, tuvo que alquilar un Airbnb en un pueblo remoto de Alemania junto a otros dos colegas, debido a que los fondos disponibles no les permitían costear ni alojamientos más accesibles ni participar en eventos clave para su investigación. Esta situación se ha convertido en un tema recurrente entre los investigadores, quienes advierten de los peligros de que el sector científico se convierta en un mero sirviente del poder político, hipotecando así el futuro de la investigación.

Mientras tanto, se levantan voces sobre la necesidad de una reforma urgente que ajuste estas tarifas a las realidades presente. Varios líderes en el ámbito de la ciencia han comentado que es hora de que el gobierno español escuche las necesidades de sus investigadores y actúe en consecuencia, para evitar que el país se quede atrás en el mundo de la ciencia y la innovación. ¿Es España realmente un faro de investigación o solo una isla condenada a la inacción? La respuesta podría definir el futuro de la ciencia en el país.