La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha intensificado sus críticas hacia las universidades privadas durante un reciente evento político en Puente Genil, Córdoba. Esta postura en contra de las instituciones privadas se alinea con la tendencia de su Gobierno en toda la semana y surge tras sus polémicas declaraciones sobre el caso de Dani Alves, en las que también se cuestionó la legitimidad de los jueces. Ahora, Montero se ha centrado en la formación de los profesionales sanitarios, argumentando que los médicos graduados en universidades privadas carecen de las "garantías" necesarias para asegurar una atención de calidad.

Montero expresó su preocupación acerca de la calidad de los títulos emitidos por estas universidades, indicando que es inaceptable que alguien pueda "comprar un título". Además, la ministra enfatizó la necesidad de establecer "estándares mínimos" para garantizar que los médicos y profesores estén realmente capacitados para ejercer su profesión y atender a la sociedad.

Además, la ministra ha denunciado el surgimiento de universidades 'low cost', advirtiendo sobre el riesgo que representan para la educación superior en el país. La crítica se enmarca en un contexto más amplio donde el presidente Sánchez también ha descalificado estas instituciones, llamándolas "chiringuitos" en comparación con las universidades públicas de prestigio como la Complutense de Madrid y la UNED.

La vicepresidenta también hizo un llamado al Partido Popular (PP) para que "rompa con Vox" y colabore con el Gobierno en la aprobación de medidas necesarias para fortalecer el tejido productivo del país, especialmente frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Montero criticó al PP por su voto en contra de iniciativas consideras esenciales, como el incremento del salario mínimo (SMI) y la reforma laboral, pidiendo así una mayor unidad y sentido común en el panorama político actual.

Es un momento crucial para la educación y la sanidad en España, ya que la calidad en la formación de futuros profesionales tiene un impacto directo en el bienestar de la sociedad. Con las críticas de Montero, surge el debate sobre la eficacia y la regulación de las universidades privadas, así como la responsabilidad de los partidos políticos en construir un sistema educativo que priorice la calidad por encima del lucro.