El Partido Popular (PP) ha vuelto a mostrar su postura antiinmigrante, optando nuevamente por desmarcarse de cualquier acuerdo que implique la distribución de menores migrantes en España. Su última propuesta en ese sentido, relacionada con una reforma de la Ley de Extranjería, se desvaneció rápidamente, revelando la resistencia de muchos en el partido a aceptar la llegada de inmigrantes en sus comunidades.

A través de distintas filtraciones, se supo que el PP rechazaba la distribución de menores en función de la población de cada comunidad autónoma, hecho que generó descontento en muchas regiones. Madrid, con más de 6,6 millones de habitantes, y Andalucía, con 8,4 millones, se mostraron especialmente reacias a compartir la carga con comunidades más pequeñas como Asturias o Castilla-La Mancha.

La postura del PP está en clara tensión con el mensaje del Papa Francisco, quien ha estado abogando por la humanidad y la protección de los derechos de los migrantes. El Papa ha enfatizado que rechazar a los migrantes es un "pecado grave" y ha llamado a encontrar soluciones más humanas a la crisis migratoria. Esto contrasta fuertemente con el acuerdo firmado el 10 de septiembre entre Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, y Fernando Clavijo de Coalición Canaria, un pacto que no ha significado avances significativos en la condición de los migrantes.

Un mes después de ese pacto, tanto Feijóo como Clavijo regresaron ante la ciudadanía, sin haber cumplido con sus promesas, poniendo más obstáculos que soluciones en medio de una crisis humanitaria que se agrava día a día. La nueva excusa del PP y Clavijo es que la Unión Europea debe hacerse cargo de la recepción de menores migrantes en lugar de buscar soluciones eficaces desde el propio Gobierno regional.

La situación en Canarias es alarmante. Los centros de acogida están desbordados y la gestión del Gobierno regional es cuestionada, sobre todo por los impagos a las ONG que están apoyando a estos menores. El Gobierno de Canarias cuenta con recursos suficientes gracias a un aumento notable en la recaudación fiscal —se prevé que los ingresos por IGIC superen los 200 millones en comparación con el año anterior—, pero la gestión ineficaz está poniendo en riesgo la ayuda a los más vulnerables.

En este contexto, Fernando Clavijo ha iniciado una gira internacional, aunque sus competencias en materia de relaciones internacionales son limitadas y su impacto real es cuestionable. Este martes, planea ir a Marruecos con la intención de frenar la migración, aunque se ha reportado que desde el país vecino se toman sus acciones con desprecio.

A medida que la presión sobre los recursos y el debate sobre la inmigración aumentan, se hace evidente que la situación no puede continuar así. Es un llamado a la acción y a la reflexión no solo sobre cómo se maneja la inmigración, sino también sobre la responsabilidad humana que todos compartimos. ¿Hasta cuándo se ignorará la voz del Papa y se seguirán desestimando las necesidades de los más vulnerables?