La Policía Nacional ha realizado una impresionante intervención en el Puerto de Barcelona, donde se incautaron 13.000 kilos de productos químicos destinados a Rusia. Esta operación, llevada a cabo en colaboración con Vigilancia Aduanera, ha resultado en la detención de cuatro sospechosos en varias localidades catalanas como Sant Feliu de Guisols (Girona), Cerdanyola del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Los detenidos enfrentan cargos por un delito continuado de contrabando de productos prohibidos.

La investigación se inició en 2022, en medio del conflicto en Ucrania, cuando las sanciones internacionales comenzaron a afectar las capacidades de Rusia en términos de materiales y tecnologías militares. Durante el proceso, se identificó a una empresa gestionada por ciudadanos rusos que había configurado un sofisticado sistema de triangulación para la provisión ilegal de productos químicos a Rusia.

El análisis reveló que esta empresa había exportado previamente productos químicos prohibidos a nivel internacional, algunos de los cuales podrían ser precursores de armas químicas o agentes nerviosos. Estas actividades estaban cuidadosamente camufladas a través de una red de empresas ficticias en países como Armenia y Kirguistán, que en realidad no recibían la mercancía, ya que esta era desviada directamente a la Federación Rusa por vías terrestres.

La legislación europea prohíbe estrictamente el suministro de tales sustancias a Rusia, en el contexto de las medidas restrictivas adoptadas para enfrentar las acciones de este país que desestabilizan la situación en Ucrania. Las investigaciones previas han puesto de manifiesto que la empresa española contaba con una filial en Moscú que era la destinataria final de los productos, aunque esto era disimulado a través de la complicada red de empresas.

Esta operación es un claro ejemplo de cómo las autoridades están intensificando sus esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de materiales que pueden ser utilizados en la fabricación de armamento o en actividades relacionadas con la defensa. La Comisaría General de Información de la Policía Nacional tiene como misión investigar estos delitos y asegurar el cumplimiento de los reglamentos de control y embargos internacionales.

Además, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria desempeña un papel crucial en la detección y represión de crímenes de contrabando, supervisando las operaciones de comercio internacional para garantizar la legalidad de las mismas.

La operación ha sido supervisada por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y ha contado con la colaboración de varias brigadas provinciales de información, así como el apoyo de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), demostrando la coordinación a nivel internacional en la lucha contra el contrabando.