La Fiscalía se pronuncia con fuerza

En un giro inesperado, la Fiscalía ha solicitado la amnistía para los ex altos cargos del Govern implicados en la organización del referéndum del 1 de octubre, conocido como 1-O. A través de un escrito dirigido a la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, el ministerio público propone la aplicación de la ley del olvido penal para casi 40 exdirigentes que, a casi ocho años de los hechos, aún enfrentan investigaciones.

Lista de implicados

Entre los nombres revelados figuran figuras destacadas, como Amadeu Altafaj, ex director de la delegación del Govern ante la UE; Albert Royo, ex secretario general del Diplocat; y Rosa Vidal, ex interventora de la Generalitat. También se mencionan a otros ex altos cargos, incluidos directores de medios de comunicación como Vicent Sanchis y Saúl Gordillo.

Raúl Romeva y los bloqueos judiciales

La amnistía también ha sido solicitada para Raúl Romeva, exconseller de Exteriores, quien fue añadido recientemente al caso. A lo largo del último año, la causa se ha visto atrapada en un laberinto judicial, debatiendo cuál juzgado debería decidir sobre la amnistía: el juzgado de instrucción 13 o la sección 21 de la Audiencia. Finalmente, se ha determinado que será la Audiencia provincial la que tenga la última palabra.

Los argumentos de la Fiscalía

La Fiscalía sostiene que las acciones para financiar las consultas independentistas deben ser consideradas dentro del ámbito de aplicación de la ley. "Independientemente de las motivaciones políticas, esta interpretación es esencial para lograr los objetivos propuestos por la normativa". Este razonamiento ha sido parte del apoyo del ministerio a la amnistía para otros exdirigentes, como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, quienes están bajo investigación.

Problemas adicionales en la causa

Es importante señalar que Jové y Salvadó, quienes se enfrentan a cargos de prevaricación y malversación, han visto su caso trasladado al TSJC debido a su condición de aforados. La exconsellera de Cultura, Natàlia Garriga, también está bajo investigación, aunque únicamente por desobediencia. El TSJC ha optado por congelar la solicitud de amnistía y ha planteado dudas sobre la constitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional.

Un nuevo enfoque de la Fiscalía

Contrario a lo que establece el Tribunal Supremo, la Fiscalía ha solicitado que la Audiencia de Barcelona también considere la amnistía por malversación, delito que se añade a otros como prevaricación y falsedad documental. El ministerio argumenta que no hacerlo dejaría en un "vacío de contenido" las estipulaciones de la ley, añadiendo más tensión a un caso que ya polariza a la opinión pública en Cataluña.

¿Qué pasará ahora?

La petición de la Fiscalía no solo reaviva el debate en torno al 1-O, sino que también abre la puerta a posibles cambios importantes en la legislación catalana y los precedentes judiciales. Los ojos de España están puestos en la Audiencia de Barcelona, que podría sentar un precedente crucial en la historia reciente del país.