Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, México, fue brutalmente asesinado el domingo 6 de octubre, solo seis días después de asumir su cargo el 30 de septiembre de 2024. Este trágico suceso ha encendido una ola de indignación en el país, que actualmente enfrenta un alarmante aumento de ataques contra políticos y funcionarios públicos, especialmente en estados como Guerrero, que son considerados epicentros de la violencia vinculada al narcotráfico.

La carrera política de Arcos estuvo impulsada por una coalición de partidos, incluyendo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), una contraofensiva a la administración del partido Morena, al que pertenecía la exalcaldesa Norma Otilia Hernández, cuyas conexiones con el crimen organizado habían generado desconfianza entre la ciudadanía.

Alejandro Arcos, originario de 1981 y criado en el corazón de la sierra guerrerense, dedicó su vida al servicio público. Con una formación académica en Ciencias Políticas y Administración Pública, ocupó varios cargos relevantes antes de convertirse en alcalde, incluyendo la dirección del Catastro del Ayuntamiento de Chilpancingo y la titularidad del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM).

Desde el inicio de su gestión, Arcos se comprometió a colaborar estrechamente con el Ejército Mexicano y otras fuerzas de seguridad para combatir la violencia que asediaba a su municipio. Sin embargo, su inminente lucha contra el crimen organizado lo llevó a enfrentar un destino trágico. Su asesinato ha sido catalogado como un “cobarde crimen” por el PRI, que clama por justicia inmediata y el fin de la impunidad que prevalece en el país. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, expresó su profundo pesar por la pérdida de Arcos.

Desgraciadamente, habían pasado solo dos días desde que Arcos había declarado en una entrevista que, aunque el asesinato de su secretario general, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, podía interpretarse como un mensaje amenazante, él no había recibido presiones directas. La manera en que se encontró su cuerpo, decapitado y con su cabeza colocada en el toldo de una camioneta, representan una escalofriante imagen que ha circulado ampliamente en redes sociales.

La situación en Guerrero es cada vez más compleja, dado que el estado se ha convertido en uno de los más afectados por la violencia relacionada con el narcotráfico. Su ubicación geográfica lo convierte en un punto estratégico para el tráfico de drogas, lo que ha desatado guerras territoriales entre diversas organizaciones criminales que buscan controlar las rutas y el cultivo de amapola, de la cual se extrae la heroína. Guerrero ha sido históricamente el mayor productor de amapola en México.

Entre los grupos criminales más notorios que operan en Guerrero se encuentran Los Ardillos, Los Rojos, el Cártel del Sur y Guerreros Unidos, este último tristemente célebre por su implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, un caso que sigue causando conmoción tanto en México como en el mundo. La violencia, la corrupción y la impunidad son problemas persistentes que amenazan la estabilidad y la vida de los habitantes de Guerrero y otros estados en el país.