Sami, Zurmat, Abdul, Ghani, Amer y Jamshid comparten el dolor de haber huido de conflictos devastadores en sus países. Aunque nunca se conocieron, su destino ha sido marcado por la brutalidad del sistema de inmigración y las deportaciones. Al llegar a las puertas de la Unión Europea, tenían la esperanza de encontrar refugio, pero en cambio enfrentaron un retorno a sus patrias y, en muchos casos, a la muerte.

El pacto de 2016 entre Turquía y la UE ha permitido que el país reciba más de 11.500 millones de euros, destinados inicialmente a ayudar a los refugiados en Turquía, que se estima rondan los tres millones. Sin embargo, estos fondos se han desviado cada vez más hacia reforzar las fronteras y crear un sistema que convierte a Turquía en una prisión para millones de migrantes.

Documentos investigativos revelan que el sistema de centros de reclusión en Turquía, de acuerdo con la ONG Global Detention Project, es uno de los más extensos y brutales del planeta, con condiciones que violan sistemáticamente los derechos humanos.

El caso de Sami es emblemático: a sus 26 años fue deportado de un hospital en Turquía, donde se encontraba gravemente enfermo, de vuelta a Siria. Perdió a su padre y a sus cuatro hermanos en un bombardeo y soñaba con un futuro mejor junto a su madre.

La situación es aún más crítica para Zurmat, un oficial afgano que sirvió junto a las fuerzas estadounidenses. Fue capturado mientras intentaba cruzar a Grecia, después de que el gobierno talibán abandonara a los que habían colaborado con fuerzas extranjeras. Tras varios intentos fallidos de ingresar a Turquía, finalmente lo logró, pero terminó en un centro de detención donde sufrió enfermedades y torturas.

Las estadísticas son alarmantes: desde la implementación del acuerdo, Turquía ha detenido a más de dos millones de extranjeros en situación irregular. Los mecanismos implementados para verificar los documentos son cada vez más agresivos, con patrullas policiales móviles en barrios con alta concentración de migrantes.

Los centros de detención, que han proliferado desde 2016, a menudo están sobrepoblados, con condiciones infrahumanas. Testimonios de quienes han pasado por estos lugares revelan relatos de violencia, tortura y enfermedades infecciosas debido a la falta de higiene. El acceso a la atención médica es casi inexistente, y muchos internos sufren de condiciones de salud graves sin recibir atención adecuada.

Las deportaciones, muchas de ellas forzadas, han sido un tema de controversia. Aunque la legislación internacional prohíbe devolver a refugiados a países en guerra, la UE cierra los ojos ante las violaciones de derechos humanos que ocurren en Turquía. La política migratoria de la UE está en entredicho, ya que financia un sistema que se alimenta de la miseria de aquellos que buscan asilo, exacerbando su sufrimiento.

El futuro de estas políticas es incierto. Las condiciones económicas en Turquía han alimentado la hostilidad hacia los migrantes, lo que se traduce en un aumento de ataques xenófobos. En este contexto, urgentes llamados a la UE instan a reconsiderar su enfoque, mientras que las organizaciones de derechos humanos comparten relatos desgarradores de aquellos que quedan atrapados en un sistema que parece estar más enfocado en la contención que en la protección.

Las historias de aquellos que han sido deportados a sus lugares de origen son desgarradoras: muchos han sido asesinados a su llegada. La comunidad internacional observa, pero la acción concreta sigue siendo escasa. Es un ciclo sin fin de sufrimiento donde los que buscan una vida mejor son tratados como parias en vez de seres humanos con derechos. ¿Cuánto más debe suceder antes de que se escuche su clamor y se tomen medidas para asegurar su dignidad y su vida?