Introducción

La campaña del Partido Republicano en Estados Unidos contra la inversión sostenible cobra fuerza tras la reciente demanda presentada por Texas y otros diez Estados republicanos contra los gigantes financieros BlackRock, Vanguard Group y State Street Corporation.

Las acusaciones giran en torno a que estas instituciones han colaborado para restringir el mercado del carbón, buscando disminuir la producción de carbón y las emisiones de CO2 en la generación de energía eléctrica.

Contexto Político

Este movimiento se enmarca dentro de un ataque conservador más amplio contra las empresas e inversores que se alinean con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, conocidos comúnmente como ESG.

Durante esta semana, la presión política ha llevado a la gigante Walmart, que tiene la mayor fuerza laboral en Estados Unidos, a retroceder en sus iniciativas de diversidad después de ser objeto de críticas por parte de un activista conservador.

Varias compañías se han visto envueltas en boicots y críticas debido a sus iniciativas sociales y de gobernanza, haciendo palpable un ambiente de tensión en el ámbito empresarial.

Detalles de la Demanda

Este es el contexto en el que surge la demanda encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton. La denuncia, que abarca 109 páginas, incluye la participación de fiscales de Alabama, Arkansas, Indiana, Iowa, Kansas, Misuri, Montana, Nebraska, Virginia Occidental y Wyoming.

En ella, se acusa a los tres gigantes de haber establecido un cártel para manipular artificialmente el mercado del carbón mediante prácticas comerciales que van en contra de la competencia saludable.

Participación de BlackRock, Vanguard y State Street

El documento alega que, a lo largo de los años, BlackRock, Vanguard y State Street adquirieron participaciones significativas en los principales productores de carbón cotizados en Estados Unidos, lo que les dio el poder para influir en las políticas de estas empresas.

Además, se afirma que estas firmas anunciaron colectivamente en 2021 su intención de presionar a las empresas carboneras para que se alinearan con los objetivos de 'energía verde', proponiendo reducir la producción de carbón en más de la mitad para 2030.

Impacto Económico

Los fiscales también argumentan que estas empresas utilizaron la Climate Action 100+ y la Net Zero Asset Managers Initiative para expresar su intención de disminuir la producción de carbón térmico, lo que, según ellos, incrementó los costos de electricidad para los consumidores estadounidenses.

La demanda asegura que estas instituciones engañaron a miles de inversores que buscaban maximizar sus beneficios a través de fondos que no aplicaban criterios ESG, encontrándose con que sus inversiones estaban siendo manejadas bajo esos mismos principios a pesar de la promesa de lo contrario.

Consecuencias Legales

Según lo expuesto, la restricción deliberada y artificial de la oferta llevó a un aumento en los precios y permitió que las sociedades de inversión obtuvieran ganancias extraordinarias.

Esta supuesta conspiración, alega la demanda, viola varias leyes federales que prohíben que un accionista mayoritario o un grupo de accionistas use su influencia para disminuir la competencia.

Declaraciones de Ken Paxton

Ken Paxton, el fiscal general de Texas, ha sido el más vocal en esta lucha: “Texas no tolerará el uso ilegal de la industria financiera como un arma en una agenda 'medioambiental' politizada y destructiva.

BlackRock, Vanguard y State Street formaron un cártel para manipular el mercado del carbón, reducir artificialmente la oferta de energía y aumentar los precios”, declaró.

Demandas de las Autoridades

A su juicio, esta conspiración ha perjudicado tanto a la producción energética estadounidense como a los consumidores, constituyendo una grave violación de las leyes estatales y federales.

Los once Estados republicanos han solicitado un juicio con jurado, acusan a las firmas de múltiples delitos federales y estatales, y exigen medidas punitivas y compensaciones.

Reacción del Sector Financiero

Un contexto de creciente presión política se refleja también en la reciente decisión de cuatro grandes instituciones financieras, entre ellas JPMorgan y Pimco, de abandonar o disminuir su participación en Climate Action 100+, la mayor iniciativa para la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático.

Este cambio se produce en un paisaje donde las opiniones sobre las prácticas de sostenibilidad se han vuelto una cuestión política de gran relevancia, que puede amplificar riesgos reputacionales para las empresas afectadas.