La política internacional vive un intenso entramado de alianzas y decisiones que pueden cambiar el rumbo global. En este contexto, el G20 se convierte en un escenario clave, y Brasil se prepara para liderar el debate sobre el impuesto a los multimillonarios, una iniciativa defendida por el presidente Lula da Silva. Mientras tanto, en España, Pedro Sánchez se encuentra en medio de una disputa fiscal que complica sus planes de reforma tributaria.

La cumbre en Río de Janeiro reúne a los líderes más influyentes del mundo, con la excepción del presidente ruso, Vladimir Putin. Sánchez asistirá para respaldar el nuevo impuesto, que se propone gravar a aquellos individuos con más de mil millones de dólares en activos. Fuentes cercanas al Gobierno español argumentan que esta posición es una cuestión de "coherencia" y "convicción", ya que España ya introdujo un impuesto para las grandes fortunas que afecta a patrimonios superiores a tres millones de euros. Sin embargo, el ingreso de este impuesto ha visto una disminución drástica, pasando de 619 millones de euros en 2023 a solo 38 millones proyectados para 2024, tras la reactivación del Impuesto de Patrimonio en varias comunidades autónomas como Madrid y Andalucía.

El plan de Lula podría dirigirse a unas 3,000 personas en todo el mundo y se estima que podría recaudar alrededor de 250,000 millones de dólares anuales, aunque no está exento de controversia. Mientras Francia y Sudáfrica están a favor de la medida, Estados Unidos y Alemania han expresado reservas que podrían afectar la implementación del impuesto a nivel internacional.

Este movimiento de Sánchez también busca crear nuevas fuentes de financiación para abordar las inmensas necesidades de los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático que vienen en los próximos años. Sin embargo, la situación en el Congreso español es otra historia. La Comisión de Hacienda pronto se reunirá, aunque ya ha sido aplazada en dos ocasiones, y la reforma fiscal del Gobierno permanece atrapada en un laberinto de negociaciones.

Los planes de Moncloa incluyen hacer permanentes los impuestos a la banca y a las empresas energéticas. Sin embargo, la falta de apoyo ha complicado las cosas, generando tensiones entre sus socios. La situación es insostenible: mientras ERC, Bildu y Podemos exigen mantener ambos impuestos, Sánchez se encuentra en un callejón sin salida.

Los recientes intentos de los partidos de izquierda para que la vicepresidenta, María Jesús Montero, prorrogue temporalmente estos impuestos -que expiran el 31 de diciembre- reflejan la urgencia con la que se enfrenta el Gobierno. A medida que el debate se intensifica en Río y las decisiones fiscales se tambalean en Madrid, la pregunta persiste: ¿podrá Sánchez encontrar un equilibrio que satisfaga a todas las partes involucradas?