El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a enfrentarse a la controversia relacionada con su esposa, Begoña Gómez, en el marco de un viaje oficial a la cumbre del G20 en Río de Janeiro. La reciente decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar las cuentas corrientes de Gómez ha levantado una vez más las voces críticas, pero el mantra que emana desde La Moncloa sigue siendo el mismo: "Absoluta tranquilidad".

Este nuevo desarrollo se produce después de que se anticipara el archivo del caso en septiembre, lo cual no ocurrió. Varias fuentes indican que esta situación no se resolverá rápidamente, asemejándose a la prolongación del caso Koldo, que ha marcado la legislatura actual. Pedro Sánchez, al ser cuestionado sobre la investigación, exhibió una actitud despectiva: "Si quieren revisar las cuentas de mi esposa, perfecto. Verán que tiene un historial financiero similar al de millones de profesionales en este país, pulcra y honesta".

La resolución del juez ordena que se investigue mediante el Punto Neutro Judicial las cuentas que figuran a nombre de Begoña Gómez y que se emita un certificado sobre su estado civil, aclarando si la pareja está bajo el régimen de gananciales o separación de bienes. Esta última cuestión despierta inquietudes sobre la transparencia en las finanzas de la pareja.

Begoña Gómez, que acompañó a Sánchez en su viaje, utilizó la ocasión para solicitar el aplazamiento de su comparecencia ante el juez Peinado, que estaba programada para este lunes, ahora reprogramada para el 18 de diciembre. Mientras tanto, durante la cumbre, Gómez participará en actividades paralelas, incluida una sesión plenaria reservada para los cónyuges de los jefes de Estado.

Sánchez, siempre pragmático, no ha dudado en utilizar la ironía para tratar de minimizar el impacto de estas investigaciones: "Si el juez desea comprobar que estamos casados, no hay inconveniente". Este tipo de declaraciones son comunes en la gestión de crisis del Ejecutivo, que busca mantener la percepción de confianza en la justicia.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también se mostró optimista ante los medios, insistiendo en la fe en el sistema judicial: "Confiamos en que al final, la verdad se prevalezca y se resuelva esta situación lo antes posible". Sin embargo, la oposición y algunos sectores de la sociedad continúan alzando la voz, exigiendo mayor claridad y transparencia en los procesos judiciales que involucran al líder socialista y su familia. Este caso es un recordatorio de la delgada línea entre la vida personal y la política, un tema que la sociedad española sigue observando de cerca.