El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado por primera vez la polémica reforma que podría beneficiar a miembros de ETA durante su replica al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. En un momento tenso y lleno de acusaciones, Sánchez defendió su postura, asegurando que «no hay rebajas de pena» para los etarras, desmintiendo así las afirmaciones que circulan sobre la reducción de penas para criminales de la organización terrorista.

Sánchez también aprovechó la ocasión para atacar al PP y a Vox, acusándolos de alimentar el clima de xenofobia en España, aunque no ocultó que la inmigración a veces puede generar «fricciones» en la sociedad. Estas declaraciones han desatado un intenso debate, con figuras como Marimar Blanco denunciando un cambio radical en la postura del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Blanco lo calificó de «el mayor traidor» a las víctimas de ETA, reflejando la indignación de muchos sectores de la población.

Mientras tanto, la reforma que está en discusión podría potencialmente permitir que cerca de cuarenta etarras, entre ellos Txapote, el autor del asesinato de Miguel Ángel Blanco, se beneficien de reducciones en sus penas. A pesar de las promesas de Sánchez, la preocupación de las víctimas y la oposición sigue creciendo, lo que deja al Gobierno en una posición extremamente delicada.

Este desarrollo continúa alimentando la polarización política en el país, y la atención se centra ahora en cómo el Gobierno manejará estas tensiones y la reacción pública que generará este tipo de reformas.